El hijo de un fiscal jefe asesinado por ETA denuncia las pintadas de odio hechas en la acampada okupa de Sol

Daniel Portero pide investigar los daños en el memorial de las víctimas de ETA, los mensajes contra Ayuso y Almeida y el supuesto acopio de adoquines y cuchillos en el entorno de la protesta por la vivienda

Daniel Portero de la Torre presentó este jueves, 1 de octubre de 2026, una denuncia penal ante el Juzgado de Guardia de Madrid por una serie de hechos ocurridos en los últimos días en la Puerta del Sol y sus inmediaciones, coincidiendo con la acampada por el derecho a la vivienda.

Portero es hijo de Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por ETA en Granada el 9 de octubre de 2000. En su escrito, cuya existencia y contenido describes a partir de la denuncia, sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra el patrimonio, la libertad y el orden público y plantea que se investigue si detrás de algunos de ellos pudo existir una actuación coordinada.

La denuncia está presentada por Portero a título personal, en su condición de víctima del terrorismo. Para acreditarlo, adjunta un certificado de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior. También hace constar su condición de representante legal de Dignidad y Justicia y los vínculos de la asociación con víctimas del atentado cometido en 1974 en la calle del Correo.

Pintadas sobre el memorial de las víctimas de ETA

Uno de los principales hechos denunciados afecta al monolito dedicado a las víctimas de ETA situado en el número 3 de la calle del Correo, junto a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Según la documentación aportada, sobre la placa que recuerda a las víctimas apareció escrita con pintura blanca la frase «Akí se torturaba a gente». La inscripción hace referencia al pasado de la Real Casa de Correos, que durante la dictadura franquista albergó la Dirección General de Seguridad.

La pintada, sin embargo, se realizó sobre el memorial dedicado a las víctimas del atentado de la cafetería Rolando, perpetrado el 13 de septiembre de 1974. Portero sostiene en la denuncia que el lugar tiene para él una «especial significación personal y familiar».

El escrito solicita que se determine quién es el titular del monumento, su eventual valor histórico o cultural, el coste de reparación de los daños y el momento en el que se realizaron las pintadas. También reclama que se trate de identificar a sus autores.

El Oso y el Madroño y los mensajes contra Ayuso y Almeida

Otro de los episodios incluidos en la denuncia se refiere al monumento del Oso y el Madroño. Durante la acampada, la estatua apareció cubierta con una bandera republicana y un chaleco naranja, mientras que en el pedestal podía leerse la inscripción «Ayuso cuidado». El alcalde de Madrid denunció públicamente los daños y anunció que el monumento sería vallado para evitar nuevas actuaciones.

La denuncia también incorpora la fotografía de un cartel exhibido en la plaza en el que aparecen tres cabezas dibujadas sobre picas, identificadas con los nombres «Caseros», «Ayuso» y «Almeida», acompañadas del lema «Queremos sus cabezas». La existencia del cartel fue publicada el 28 de septiembre.

Portero no atribuye en su escrito una calificación penal definitiva a estos mensajes, sino que solicita que sean el juzgado y la Fiscalía quienes determinen si los hechos pueden constituir amenazas, coacciones, daños u otros delitos.

El supuesto acopio de adoquines y cuchillos

La denuncia también incorpora las informaciones sobre la supuesta presencia de adoquines y cuchillos en la acampada. En este punto, según el escrito, Portero presenta estos elementos únicamente como indicios que considera que deben investigarse y no afirma que estuvieran destinados a cometer delitos.

El origen de esta polémica está en las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien aseguró el 30 de septiembre que el Ayuntamiento había documentado la presencia de adoquines procedentes de obras cercanas, cuchillos de grandes dimensiones y hornillos. El Consistorio remitió documentación sobre estos objetos a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior.

Sin embargo, las imágenes difundidas posteriormente han introducido matices sobre esas afirmaciones. Una de las fotografías aportadas por el Ayuntamiento muestra un cuchillo doméstico junto a una barra de pan y hummus, mientras que algunos adoquines aparecen utilizados como contrapesos de estructuras de la acampada.

Portero solicita que se investigue la procedencia de estos objetos, dónde se encontraban, quién los depositó y cuál era su finalidad.

Pide investigar una posible actuación coordinada

Otro de los aspectos de la denuncia es la posible existencia de coordinación entre varias personas. Portero solicita que se investigue si hubo reparto de funciones, financiación común o algún tipo de estructura estable detrás de los hechos denunciados.

En función de lo que determine la investigación, plantea que se valore la posible aplicación de los artículos 570 bis y 570 ter del Código Penal, relativos a las organizaciones y grupos criminales. También pide analizar redes sociales y servicios de mensajería para comprobar si fueron utilizados para coordinar actuaciones, seleccionar objetivos o reivindicar los hechos.

Entre las diligencias solicitadas figuran una inspección policial de los lugares afectados, la conservación de las grabaciones de videovigilancia, la identificación de las personas que aparezcan en ellas, informes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional y documentación del Ayuntamiento sobre las labores de limpieza y reparación.

Portero reclama además que se le reconozcan los derechos previstos en el Estatuto de la Víctima del Delito, incluida la posibilidad de participar activamente en el procedimiento.

Una acampada surgida tras el desahucio de Maricarmen

Los hechos denunciados se producen en el contexto de la acampada instalada en la Puerta del Sol tras las movilizaciones por el derecho a la vivienda. La protesta comenzó la noche del 26 de septiembre después de una manifestación impulsada por el Sindicato de Inquilinas y vinculada, entre otras reivindicaciones, al caso de Maricarmen Abascal.

Abascal, de 87 años, había sido desahuciada el 23 de septiembre de la vivienda madrileña en la que había residido durante más de 70 años. Su caso desencadenó una amplia movilización y se convirtió en uno de los símbolos de las protestas por el acceso a la vivienda.

La acampada fue creciendo durante los días posteriores. El 30 de septiembre, EFE contabilizaba más de un millar de personas y alrededor de 500 tiendas de campaña en la Puerta del Sol. La Delegación del Gobierno señaló entonces que la noche había transcurrido sin incidentes.

El conflicto también ha provocado un enfrentamiento institucional. La Comunidad de Madrid dio el 29 de septiembre un plazo de 48 horas a la Delegación del Gobierno para desalojar la plaza y advirtió de que, en caso contrario, acudiría a los tribunales. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, defendió por su parte el derecho de reunión y sostuvo que no se daban en ese momento alteraciones del orden que justificaran una intervención policial.

Este 1 de octubre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció que acudiría a los tribunales para solicitar el desalojo de la acampada.

La denuncia no identifica a autores concretos

El escrito de Portero emplea formulaciones cautelares y condiciona las posibles responsabilidades penales al resultado de la investigación. Según el contenido que has facilitado, no identifica a personas concretas como autoras de los hechos ni atribuye de forma general su comisión a quienes participan en la acampada.

La denuncia solicita, entre otras cuestiones, que se estudie la posible aplicación del artículo 510 del Código Penal. No plantea, según el documento, la aplicación del artículo 578, que contempla determinados supuestos de enaltecimiento del terrorismo y de descrédito, menosprecio o humillación de sus víctimas.

Será el juzgado al que corresponda el asunto, junto con la Fiscalía, el que deberá determinar si procede abrir diligencias y, en ese caso, establecer qué hechos pueden tener relevancia penal y bajo qué calificación jurídica.