El Gobierno, sobre el fallo del TS del Consejo de Estado: «No es un ejemplo de separación de poderes»

El Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Magdalena Valerio al considerar que no cumple con uno de los dos requisitos que exige la ley, el de ser «jurista de reconocido prestigio»

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha afirmado que la decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado no es «un ejemplo de la separación de poderes».

Así lo ha afirmado Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha reiterado el respeto del Gobierno a las sentencias judiciales si bien «en este caso» no lo comparte, ya que de lo contrario no lo habrían nombrado.

«Es la primera vez en la historia que la justicia invalida un nombramiento realizado por el Gobierno, además a petición de una denuncia de una institución privada. Lo reitero, máximo respeto, pero esto tampoco es un ejemplo de la separación de poderes», ha explicado.

Las declaraciones de Alegría tienen lugar una semana después de que el Tribunal Supremo anulase el nombramiento de la exministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado al considerar que no cumple con uno de los dos requisitos que exige la ley, el de ser «jurista de reconocido prestigio».

La Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó así el pasado jueves el recurso presentado por la Fundación Hay Derecho, determinando que Valerio solo cumple uno de los requisitos legales, el de tener experiencia en asuntos de Estado.

Tras la decisión del Supremo, el Gobierno la replicó subrayando que los representantes de la soberanía nacional en el Congreso reconocieron la idoneidad de la exministra para el cargo y que la anulación del nombramiento abría la puerta a una «entidad privada» ponga en cuestión una decisión que corresponde al Ejecutivo.

«Respetamos la sentencia del Tribunal Supremo, pero no la compartimos, porque creemos que no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son exclusivamente competencia del Gobierno de España, como es nombrar a la presidenta del Consejo de Estado», reprochó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras conocer la noticia.