El Gobierno asume que tendrá que mantener durante varias semanas la defensa pública del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras el aplazamiento de su comparecencia judicial en el denominado ‘caso Plus Ultra’. La declaración, inicialmente prevista para principios de junio, finalmente se celebrará los días 17 y 18, después de que la defensa solicitara más tiempo para estudiar el sumario de la investigación.
Desde el Ejecutivo reconocen que la situación incrementa la presión política y mediática sobre el Gobierno, especialmente a medida que se conocen nuevos detalles del caso y aumentan las críticas de la oposición. Aun así, en Moncloa insisten en mantener una posición de prudencia y continúan defendiendo la presunción de inocencia del expresidente socialista.
Zapatero fue imputado por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y organización criminal. Poco después de conocerse la decisión judicial, publicó un breve vídeo en el que negó las acusaciones y aseguró que ofrecería explicaciones públicamente. Sin embargo, fuentes gubernamentales consideran ahora poco probable que vuelva a intervenir hasta después de declarar ante el juez.
En las últimas semanas, el contenido del sumario ha ido generando una creciente atención pública debido a las referencias a supuestas operaciones empresariales vinculadas al entorno del expresidente. Entre los elementos conocidos aparecen anotaciones, movimientos económicos y documentación relacionada con actividades investigadas por la Audiencia Nacional.
Pese al desgaste político que está provocando el caso, el Gobierno mantiene que todavía no existen pruebas concluyentes que acrediten la culpabilidad de Zapatero. Por ello, varios miembros del Ejecutivo han reiterado públicamente su apoyo al expresidente y aseguran confiar en que pueda aclarar la situación durante su declaración judicial.
Mientras tanto, el aplazamiento obliga al Ejecutivo a prolongar una estrategia de defensa política que coincide además con un clima de creciente tensión parlamentaria y con peticiones de adelanto electoral por parte de algunos sectores de la oposición y socios políticos.
En Moncloa aseguran que afrontarán este periodo “respetando los tiempos judiciales” y recuerdan que el Gobierno está acostumbrado a gestionar escenarios de fuerte presión política y mediática.