El objetivo del encuentro es actualizar la cifra de plazas ordinarias disponibles en el sistema de acogida
El Gobierno informará este miércoles 28 de mayo, durante una reunión de la Comisión de Infancia y Adolescencia, sobre la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados que tiene cada comunidad autónoma.
El objetivo del encuentro es actualizar la cifra de plazas ordinarias disponibles en el sistema de acogida y detectar las comunidades que están sobrepasando su capacidad. Estas regiones podrán solicitar la activación de la llamada «contingencia migratoria extraordinaria», una medida destinada a proteger los derechos de los menores en situación vulnerable. Esta situación se declarará en aquellas comunidades donde la ocupación supere en tres veces su capacidad habitual.
Cuando una comunidad o ciudad autónoma declare esta sobreocupación, podrá pedir formalmente la contingencia. Esta deberá ser aprobada en un máximo de cinco días naturales y será comunicada a todos los miembros de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
Una vez activada la contingencia, el Estado determinará a qué comunidad o ciudad autónoma serán trasladados los menores migrantes no acompañados, en función de sus recursos y capacidad de acogida.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, explicó que esta reunión es preparatoria de la Conferencia Sectorial prevista para junio. En ese foro, las comunidades autónomas podrán presentar propuestas para modificar los criterios fijados por el real decreto-ley actual. “Tienen esa posibilidad, por supuesto. Se tiene que votar por unanimidad en la Conferencia Sectorial. Eso sí que es un requisito que viene contemplado en el real decreto”, afirmó Rego este miércoles en el Congreso.
Última reunión
La última reunión del Gobierno con las comunidades fue el pasado 5 de mayo, en una sesión extraordinaria celebrada en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. En ese encuentro, que duró unas cuatro horas, se discutieron los criterios del reparto de menores migrantes. Fue una reunión tensa, marcada por las críticas de las autonomías gobernadas por el Partido Popular, que calificaron las condiciones del Ejecutivo de “arbitrarias y forzosas”.
