El mapa de las jubilaciones anticipadas por discapacidad se amplía. A partir del 1 de junio, las asociaciones de pacientes y organizaciones sociales podrán solicitar oficialmente que nuevas patologías —especialmente enfermedades raras o de alto impacto— se incluyan en el listado que permite adelantar la jubilación.
Así lo establece la orden ministerial publicada en el BOE, que culmina el proceso de flexibilización iniciado en 2023 por el entonces ministro José Luis Escrivá. La medida actualiza el marco legal que regula las pensiones anticipadas en personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 45%, siempre que esta implique una reducción significativa de la esperanza de vida.
Una de las novedades clave es que no será el Gobierno quien añada patologías directamente, sino que la propuesta deberá llegar desde asociaciones, fundaciones o colectivos representativos de personas afectadas. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión Técnica con presencia del movimiento social de la discapacidad, además de expertos médicos y representantes institucionales.
La norma no establece un listado cerrado: reconoce que la ciencia avanza y las enfermedades emergen o se comprenden mejor. Por eso, el catálogo se mantendrá abierto y sujeto a revisión periódica, permitiendo adaptarse a nuevas realidades sanitarias y sociales.
El cambio normativo responde a una histórica reivindicación del movimiento asociativo, liderado por el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), y recogida en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Se trata, según el Ministerio de Inclusión, de una medida que reconoce el desgaste laboral, físico y emocional de muchos trabajadores con discapacidad.