El Gobierno defiende la constitucionalidad de la Ley de Amnistía pese al informe contrario de los abogados del Congreso

La ministra Pilar Alegría hace referencia al resultado jurídico de 2018, que rechazó la propuesta del texto legislativo presentado por los independentistas

La portavoz del Gobierno y Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, afirma que el Ejecutivo respeta todos los informes emitidos por el Congreso sobre la amnistía, pero destaca la constitucionalidad de la proposición de ley presentada por el PSOE.

Según Alegría, «saben que hay tres informes: Uno en el año 2018, un segundo informe también de noviembre del 2023 y nosotros desde luego respetamos todos los informes. Los vamos a estudiar, los vamos a analizar». La Ministra hacía referencia al informe jurídico de 2018, que rechazó la propuesta de ley de amnistía presentada por los independentistas, permitiendo que PSOE y PP vetaran su tramitación.

Alegría también mencionó otro informe de noviembre del año pasado, elaborado por el equipo del secretario general del Congreso, Fernando Galindo. En este informe se admitió la posibilidad de «posibles motivos de inconstitucionalidad» en la proposición de ley del PSOE, aunque se consideró que no existía una contradicción tan «palmaria» con la Carta Magna como para impedir su tramitación.

El último informe, publicado esta semana por las letradas de la Comisión de Justicia del Congreso, resalta dudas sobre la constitucionalidad de la ley y señala una indeterminación en el ámbito de aplicación de la iniciativa, aunque concluye que no hay una inconstitucionalidad evidente.

A pesar de estos informes críticos, Alegría se mostró convencida de que la norma es «perfecta y absolutamente constitucional». Además, defendió que la propuesta tiene como objetivo trabajar «en pro de la convivencia». Respecto a la reunión entre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, en el Congreso de los Diputados, Alegría considera que está dentro de la «normalidad democrática de hablar y debatir con el resto de parlamentarios».