El Gobierno da el primer paso para perdonar la deuda a las comunidades autónomas: ¿cuáles son las más beneficiadas y las que menos?

El Ejecutivo intenta corregir un camino que se torció hace más de una década, aunque todavía está por ver si la medida traerá la equidad que se busca o abrirá un debate mayor

A veces, las grandes decisiones políticas pueden parecer números lejanos, pero en realidad acaban marcando la vida cotidiana de todos. La condonación de parte de la deuda autonómica, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, es una de esas medidas que invitan a reflexionar: ¿quién paga? ¿quién se beneficia? y, sobre todo, ¿qué efectos tendrá en los servicios públicos de los que depende la ciudadanía? Lo cierto es que, aunque pueda sonar abstracto, detrás de esta operación están hospitales, escuelas y ayudas sociales que podrían recibir más recursos gracias al alivio financiero.

El Ejecutivo ha acordado asumir cerca de 85.000 millones de euros de deuda que tenían acumuladas las comunidades autónomas. Se trata de un compromiso político que el Gobierno adquirió en su acuerdo de investidura con ERC, y que llevaba meses negociándose en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La medida no incluye a País Vasco y Navarra, ya que cuentan con un sistema foral propio y no participan del modelo común de financiación.

Comunidades más y menos beneficiadas

Entre las regiones más beneficiadas destacan Andalucía y Cataluña, que recibirán una reducción de deuda superior a los 17.000 millones cada una. Les siguen la Comunidad Valenciana, con más de 11.000 millones, y la Comunidad de Madrid, con 8.644 millones. En este último caso, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha mostrado un rechazo frontal a la medida, alegando que rompe el principio de igualdad entre territorios, hasta el punto de recurrirla en la Audiencia Nacional.

El resto de comunidades también se verán favorecidas, aunque con cifras menores. Castilla-La Mancha tendrá condonados casi 5.000 millones, Galicia unos 4.000, Castilla y León 3.600 y Murcia poco más de 3.300. En la parte baja de la tabla se encuentran Cantabria, con 809 millones, y La Rioja, con 448 millones. Cada territorio, en proporción, liberará recursos que hasta ahora se destinaban a pagar intereses, lo que según Hacienda permitirá mejorar el gasto social.

Fracaso de varias medidas

El mecanismo diseñado por el Gobierno reconoce que los instrumentos aplicados durante la crisis de deuda de 2012, como el Fondo de Liquidez Autonómico, no funcionaron de forma adecuada. Lejos de resolver el problema, provocaron una especie de “bola de nieve” que obligó a muchas comunidades a endeudarse todavía más y a someterse a estrictos planes de ajuste. Ahora, el Estado asume parte de esa carga para que las autonomías puedan dedicar su dinero a otras prioridades.

¿Qué implica todo esto?

La condonación no borra mágicamente el dinero: lo traslada del balance de las comunidades al balance del Estado. Es decir, lo asumen entre todos los ciudadanos a través de los presupuestos generales. Según cálculos del Ministerio de Hacienda, solo en intereses las comunidades se ahorrarán alrededor de 7.000 millones de euros, lo que abre la puerta a reforzar la inversión en servicios públicos esenciales. La idea es que la operación, aunque compleja, contribuya a cerrar heridas financieras de la última década.

¿Cómo funciona la quita de deuda?

El reparto de la quita se hace en varias fases. En la primera, se calcula el sobreendeudamiento generado durante la crisis de 2009-2013 en comparación con el periodo de la pandemia, donde el Estado asumió más gastos. De ahí salen unos 80.000 millones a condonar. En la segunda y tercera fase, los criterios tienen en cuenta la población ajustada —que mide factores como envejecimiento o dispersión— y las comunidades más castigadas por el sistema de financiación. Todo ello con un límite: el Estado no asumirá más del 50% de la deuda total de cada región.

El origen del problema no es nuevo. Muchas comunidades arrastran desequilibrios financieros desde hace años, algunos ligados a un modelo de financiación muy cuestionado, y otros a excesos de gasto durante el boom inmobiliario y los primeros años de la crisis. Con esta operación, el Gobierno intenta corregir un camino que se torció hace más de una década, aunque todavía está por ver si la medida traerá la equidad que se busca o, como critican algunos, abrirá un debate mayor sobre la justicia en el reparto entre territorios.