Dimite el fiscal general tras ser condenado

El futuro de García Ortiz se mueve entre tres planos simultáneos: el político, el judicial y el corporativo, todos ellos abiertos, inciertos y sin precedentes en la historia reciente

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno, después de que el pasado jueves fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos.

En una carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, García Ortiz ha anunciado que deja el cargo de fiscal general en «profundo respeto a las resoluciones judiciales» tras la sentencia del Supremo y que por ende, ha llegado «el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad».

La condena del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz ha abierto un escenario inédito y lleno de aristas. Aunque ha sido sentenciado a dos años de inhabilitación, esta no será efectiva hasta que la sentencia se publique oficialmente, lo que mantiene al fiscal general suspendido en una especie de limbo institucional que España nunca había visto antes.

García Ortiz ya ha presentado su renuncia —como contempla la ley— . En ese momento, el Gobierno estará obligado a designar a un nuevo fiscal general, activando un procedimiento que podría chocar con tiempos políticos, jurídicos y mediáticos. Hasta entonces, el timón recaería de forma provisional en la número dos del Ministerio Público, María Ángeles Sánchez Conde.

¿Qué opciones tiene?

El todavía fiscal general tiene sobre la mesa dos únicas vías: un incidente de nulidad ante el propio Supremo —una herramienta extraordinaria que rara vez prospera— y, posteriormente, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Solo tras ese paso podría pedir una suspensión cautelar del fallo, aunque los plazos juegan en su contra y es probable que la ejecución avance antes de que el Constitucional resuelva siquiera la admisión.

La sentencia del Supremo le atribuye un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, e incluye una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 por daños morales. El fallo, además, ha llegado dividido: cinco magistrados votaron a favor y dos emitieron voto discrepante, lo que ha subrayado el carácter polémico y excepcional del caso.

¿Puede perder la condición de fiscal?

Es la primera vez en democracia que un fiscal general se sienta en el banquillo y, para complicar aún más el panorama, la condena podría tener otro efecto devastador: la pérdida definitiva de la condición de fiscal. Aunque la inhabilitación se refiere al cargo que ocupa, el Estatuto y el Reglamento del Ministerio Fiscal establecen que una pena de inhabilitación o una condena por delito doloso puede impedir su reingreso en la carrera fiscal.

Si decide solicitar el regreso, se activará un procedimiento largo y milimetrado: la Inspección Fiscal deberá escucharle, elaborar un informe y trasladarlo al nuevo fiscal general, que consultará al Consejo Fiscal y enviará finalmente una propuesta al Ministerio de Justicia. El proceso puede extenderse hasta seis meses y, si no hay respuesta, se entendería denegado automáticamente.

En caso de negativa, García Ortiz tendría que esperar tres años para volver a intentarlo, salvo que se demostrara una recuperación de capacidades, y siempre con la posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa. Así, el futuro del fiscal general se mueve entre tres planos simultáneos: el político, el judicial y el corporativo, todos ellos abiertos, inciertos y sin precedentes en la historia reciente.

España, mientras tanto, observa. El desenlace no solo decidirá el destino personal de García Ortiz, sino también el equilibrio entre poderes, el clima institucional y el rumbo del Ministerio Fiscal en uno de sus momentos más sensibles.