Hoy: 23 de diciembre de 2024
El Gobierno aprobará en el último Consejo de Ministros del año, que se celebra este lunes, una serie de medidas que abarcan la extensión de la bonificación al transporte por seis meses, la ampliación del impuesto a las energéticas o la expansión del conocido escudo antiopas. Así lo informa EP.
Para el último Consejo de Ministros del año, que se llevará a cabo de manera excepcional el lunes debido a las celebraciones de Navidad el martes, el Gobierno ha elaborado un conjunto de medidas que incluyen la prolongación de ciertas medidas del escudo social que expiraban a finales del año.
Entre las principales, sobresale la ampliación por un año de la prohibición de desahucios a familias en situación de vulnerabilidad, además de la extensión por seis meses más de las actuales ayudas al transporte, tras haber llegado a un acuerdo con Podemos.
Lo que todavía no se ha determinado es si persiste la restricción de cortar los servicios básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables si no cumplen con sus obligaciones, que inicialmente se mantiene hasta el final de este año.
Además, el Gobierno tiene la intención de aprobar la extensión del gravamen a las energéticas, para que se implemente antes de la derogación del impuesto que el Congreso de los Diputados aprobó con el respaldo del PP, PNV y Junts.
Como cualquier decreto ley, la extensión del impuesto sobre las energías debe ser presentada en el Pleno del Congreso durante un periodo de 30 días para su convalidación y derogación. Es en este punto donde el Gobierno no cuenta con sus respaldos debido a la negativa de PNV y Junts.
Por lo tanto, Hacienda considera proponer que el decreto se trate posteriormente como proyecto de ley para convertir el gravamen en un impuesto permanente y de esta manera persuadir a Podemos, que rechaza la temporalidad, y al PNV, que no se opone al impuesto, ya que su administración correspondería a las haciendas forales de Vasca y Navarra.
También es posible que el Ejecutivo finalmente apruebe el incremento de la tributación del diésel para igualar la de la gasolina, cumpliendo con el acuerdo establecido con la Comisión Europea.
Es probable que el Consejo de Ministros también apruebe el lunes la extensión del blindaje a empresas estratégicas, también conocido popularmente como escudo antiopas.
El Gobierno tiene la potestad de autorizar las inversiones foráneas en empresas estratégicas cotizadas en las que se busca exceder el 10% del capital, así como en las no cotizadas donde la inversión exceda los 500 millones de euros.
Según los datos más recientes, el escudo antiopas solo abandonó una operación desde su implementación en 2020 hasta 2023. En específico, entre marzo de 2020 y finales de 2023, el Gobierno solo utilizó el conocido escudo antiopas para deslegitimar una acción de las 264 que han sido objeto de análisis de esta regulación.
Si se implementa el plan previsto, la medida que decaerá será la reducción del IVA a los alimentos esenciales, aceite de oliva y pasta, y aceites de semilla. Durante este año, se ha observado una recuperación en el tipo de este impuesto y se anticipa que a partir del 1 de enero ya esté registrando sus porcentajes habituales.
A partir de octubre hasta el 31 de diciembre, el porcentaje de los alimentos fundamentales -pan, huevos, vegetales o frutas- y del aceite de oliva se ubica en el 2%, en cambio, el IVA para la pasta y los aceites de semilla se eleva al 7,5%, según señala EP.
Con el inicio del nuevo año y frente a la moderación notable de precios después de la crisis inflacionaria, el IVA de los alimentos fundamentales retornará al 4% -el tipo superreducido–, mientras que el IVA de la pasta y los aceites de semilla retornará al 10% -el reducido que se aplica a la alimentación–.
Por supuesto, cuando los tipos regresen a la normalidad, el IVA del aceite de oliva será del 4% -el superreducido– en vez del 10% que se soportaba anteriormente.
Lo que, de acuerdo con lo ya aprobado en el último paquete de medidas anticrisis, persiste hasta el 30 de junio del año próximo.
A partir del 1 de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, el descuento para los consumidores en situación de vulnerabilidad será del 57% y para aquellos en situación de vulnerabilidad severa del 72,5%.
Por otro lado, desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025, el descuento para los consumidores vulnerables será del 50% y para aquellos con vulnerabilidades severas del 65%; y desde el 1 de abril de 2025 hasta el 30 de junio de 2025, el descuento para los consumidores vulnerables será del 42,5% y para aquellos con vulnerabilidades severas del 57,5%.
Desde el 1 de julio de 2025, se aplicará un descuento del 35% para los consumidores vulnerables y del 50% para los consumidores vulnerables severos, de manera indefinida. Esto implica un incremento en el nivel de protección habitual previo al inicio de la crisis energética, ubicado en el 25% para los primeros y en el 40% para los segundos.
Los parámetros de implementación de la extensión en 2025 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 son otra de las áreas que el Ejecutivo deberá tratar el lunes.
Frente a la imposibilidad de presentar nuevas cuentas públicas, por segundo año consecutivo, el Gobierno tiene que dar luz verde a un acuerdo que defina los criterios de aplicación de la extensión para 2025 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en vigor durante el año 2023.
Así se cumpliría con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Española, que establece que si el 1 de enero no se ha aprobado una nueva Ley de Presupuestos, se considerarán automáticamente extendidos los Presupuestos Generales del ejercicio previo -en este caso de 2023 ya que en 2024 no existió PGE– hasta que se aproben otras cuentas públicas.
Pese a que el proceso para la elaboración de las próximas cuentas públicas ya ha comenzado con la aprobación del techo de gasto y los objetivos de estabilidad por parte del Consejo de Ministros, aún está pendiente la tramitación parlamentaria, resulta imprescindible adoptar los criterios de extensión de los Presupuestos de 2023 hasta la aprobación de las nuevas cuentas públicas de 2025.
Además, es probable que el Consejo de Ministros apruebe un Real Decreto-ley que contempla la revalorización de las pensiones del sistema de Seguridad Social, de Clases Pasivas y de otros beneficios públicos para el año 2024, con un incremento del 2,8% en las pensiones tributarias.
Según los datos de la Seguridad Social, la pensión media de retiro en España se situó en 1.441 euros mensuales en noviembre. Por lo tanto, con un aumento del 2,8%, un jubilado que reciba la media recibirá en 2025 una pensión de 1.481,35 euros mensuales, asumiendo un aumento anual de 564,87 euros o de 40,3 euros por mes en catorce pagos. Además, en 2025, las pensiones medias del sistema se incrementarán aproximadamente a 500 euros al año.
El incremento del 2,8% para 2025 favorecerá a aproximadamente 9,3 millones de individuos que reciben 10,3 millones de pensiones fiscales, sumado a las 720.148 pensiones vinculadas al Régimen de Clases Pasivas estatales.
En cuanto a las pensiones mínimas y no contributivas, que benefician a las personas “más vulnerables”, se espera que aumenten por encima del IPC promedio del 2,8%, aunque todavía se desconoce la cifra precisa.