El futuro de las nucleares divide los programas energéticos de los partidos antes del 29 de noviembre

21 de noviembre de 2026
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Sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos. | Fuente: Tomás Alonso / EP.

Los socialistas y Frente Amplio defienden mantener el calendario de cierre, el partido de Feijóo quiere eliminarlo en 100 días y Vox plantea abrir nuevas plantas

El futuro de las centrales nucleares es uno de los grandes ejes de los programas electorales de cara a los comicios del 29 de noviembre. El PSOE y Frente Amplio proponen mantener el calendario de cierre, mientras que el PP aboga por derogarlo y Vox llega a plantear nuevas plantas. El debate sobre las nucleares ya fue protagonista en 2023.

El PSOE, principal partido del Gobierno, defiende conservar el calendario que prevé un cierre progresivo de las centrales hasta 2035. También propone proyectos de transición justa en las comarcas afectadas y preservar las capacidades tecnológicas y de conocimiento vinculadas al sector.

Frente Amplio, la coalición que lidera Ada Colau, respalda esa línea. Plantea que Almaraz I y II cierren en los plazos previstos (2027-2028), sin beneficios fiscales, y exige que los operadores financien el desmantelamiento y la gestión de los residuos. Prevé además recursos para la transición justa de los trabajadores y para reactivar las comarcas afectadas.

Podemos, representada por Irene Montero, también defiende cumplir el calendario y que las empresas paguen el desmantelamiento. Añade un compromiso propio: cualquier almacén de residuos nucleares necesitaría una consulta popular en el lugar elegido.

Derogar el calendario y abrir nuevas plantas

Al otro lado, el PP de Feijóo propone eliminar el calendario de cierre de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo en los primeros 100 días de Gobierno. Su programa no detalla qué hará después con cada una de esas centrales.

Vox, el partido de Santiago Abascal, quiere recuperar con urgencia el plan nuclear nacional y garantizar la supervivencia de las centrales actuales. Propone derogar el calendario de cierre y estudiar nuevas centrales en los emplazamientos disponibles junto a las actuales. Según su programa, ejecutaría los proyectos viables con la mayor brevedad posible.

Descarbonización y renovables

Fuera del ámbito nuclear, el PSOE y Frente Amplio defienden una hoja de ruta de descarbonización y electrificación de la economía, aunque con hitos distintos. Los socialistas quieren que el 81% de la electricidad de 2030 sea renovable y dan prioridad a las zonas de aceleración renovable. Frente Amplio comparte ese objetivo, pero propone subir al 90% en 2035 y al 100% en 2040. Ambos impulsan el autoconsumo.

Entre las novedades, los socialistas prometen una nueva ley de minas para gestionar de forma sostenible las materias primas minerales. Frente Amplio plantea acabar con el diésel en 2030 y electrificar por completo la red ferroviaria estatal para ese año. Propone invertir cada año el 3,5% del PIB contra la emergencia climática y crear un impuesto a las actividades mineras extractivas que recaude más de 470 millones anuales.

La coalición de Colau propone además un fondo soberano de energía y que el Estado participe en los nuevos parques renovables. Quiere prohibir la publicidad de empresas fósiles, financiar aires acondicionados en hogares vulnerables, ofrecer un ‘leasing’ de 100 euros al mes para un coche eléctrico y garantizar tres horas de luz gratis al día. También plantea más fiscalidad para jets privados y yates.

Impuestos, tarifas y red eléctrica

Podemos propone un cheque energético de 300 euros anuales para las familias, hacer permanente el impuesto a las eléctricas, crear una empresa pública de energía y nacionalizar Repsol. También quiere que Red Eléctrica sea 100% pública.

El PP no incluye objetivos específicos de descarbonización, aunque promete acelerar la del transporte de personas y mercancías. Se compromete a eliminar de inmediato el impuesto del 7% a la producción eléctrica, una medida que Frente Amplio respalda solo si afecta a empresas renovables, y a reducir la carga fiscal del recibo. Propone además una tarifa social única, que sustituya y mejore los bonos eléctrico y térmico, y un estatuto del consumidor energético con más derechos de información, transparencia y reclamación.

El PP plantea también un plan de choque de 18 meses para desbloquear el acceso a la red eléctrica y actualizar en seis meses las reglas del sistema para evitar otro apagón. Quiere adaptar además las infraestructuras de transporte al cambio climático. Vox, por su parte, propone una gran rebaja de los impuestos de la electricidad para familias, empresas e industrias españolas. Pide también acabar con el tope regulatorio a la inversión en redes y con las restricciones para explorar, investigar y explotar recursos naturales y yacimientos minerales.

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