El Tribunal Supremo ha ordenado a la Junta Electoral Central (JEC) que adopte las medidas necesarias para impedir que 163.355 personas nacionalizadas mediante la conocida como ‘ley de nietos’ participen en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre si no demuestran que son descendientes de exiliados españoles.
La decisión supone un nuevo paso en el procedimiento judicial relacionado con el derecho al voto de quienes obtuvieron la nacionalidad a través de una disposición de la Ley de Memoria Democrática.
Según una providencia emitida este viernes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha recordado que tanto la Junta Electoral Central como la Oficina del Censo Electoral deben cumplir las medidas cautelares acordadas anteriormente por el alto tribunal.
Esto significa que las personas afectadas no podrán aparecer en el censo electoral mientras no presenten la documentación exigida. La restricción afecta tanto a quienes residen actualmente en España como a los ciudadanos españoles que viven en el extranjero.
Sin embargo, la resolución contempla excepciones. En concreto, 901 personas ya han entregado la certificación consular necesaria para acreditar su situación y, por tanto, quedan fuera de esta limitación.
Además, el Supremo permite que otros afectados puedan recuperar su derecho a participar en los comicios si presentan el certificado correspondiente antes de la jornada electoral.
La decisión judicial pone el foco en la necesidad de comprobar que los beneficiarios de esta vía de nacionalización cumplen los requisitos establecidos para ejercer el voto en estas elecciones.
Por ahora, la medida tiene carácter cautelar y no supone la retirada de la nacionalidad española a los afectados. Su aplicación dependerá de las comprobaciones documentales que realicen los organismos electorales antes del 29 de noviembre, fecha prevista para la celebración de las elecciones generales.