El fiscal general habría cambiado de teléfono móvil una semana después de que el Supremo le encausara

El juez que investiga a García Ortiz había pedido a la UCO datos relacionados con sus números de teléfono tras encontrar «cero mensajes» en sus móviles

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, habría cambiado de teléfono móvil el 23 de octubre, apenas una semana después de que el Tribunal Supremo (TS) lo encausara por la presunta revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según un informe al que ha tenido acceso EP, la UCO analizó los números de teléfono e identificadores IMSI/IMEI vinculados a las tarjetas del dispositivo incautado a García Ortiz durante el registro realizado en su despacho el 30 de octubre.

El informe detalla que «el inicio de actividad de los IMSISs aparejados a estos IMEIs es de fecha de 23 de octubre de 2024, es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico en ese día respecto a las tarjetas precitadas».

Los investigadores explican que «en lo que respecta a los números de teléfono asociados a las tarjetas objeto de dicha diligencia, y la titularidad asociada a los mismos, se han identificado dos números».

Uno de estos números está a nombre del propio García Ortiz, en el cual recibió los mensajes de WhatsApp de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada en el caso. El otro número está registrado a nombre de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

Además, la UCO especifica que ha identificado dos «IMSIs (identificador único de cada abonado) de las tarjetas que se encontraban en el dispositivo móvil localizado durante la diligencia de entrada y registro», uno asociado al primer número de teléfono y el otro al segundo, ambos activados en 2020.

En cuanto a los números de IMEI del terminal móvil incautado, el informe indica que «en relación con los números de IMEI (identificador único de cada dispositivo telefónico) asociados al terminal móvil localizado», se han identificado dos.

El juez instructor del caso, Ángel Hurtado, solicitó esta información a la UCO tras recibir un informe previo que analizaba el contenido del teléfono incautado a García Ortiz. En dicho informe, la UCO señaló que no encontró «0 mensajes», lo cual contrastaba con el dispositivo requisado a Rodríguez, donde sí se hallaron intercambios de mensajes entre el 8 y el 14 de marzo, días clave en la investigación sobre la presunta filtración.

Fuentes fiscales consultadas por EP explicaron que García Ortiz borró personalmente los mensajes correspondientes a ese periodo, aunque aclararon que no lo hizo específicamente con esos mensajes, sino como parte del protocolo de borrado cíclico que realiza sobre los mensajes en su teléfono móvil para cumplir con las normas de protección de datos y seguridad de la Fiscalía General del Estado.

El origen del caso

La investigación judicial se inició tras una querella presentada por la pareja de Díaz Ayuso debido a una nota de prensa difundida el 14 de marzo a las 10:20 horas por la Fiscalía de Madrid. En esta nota, se detallaba el intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que lo investigaba por presuntos delitos fiscales, Julián Salto.

El Ministerio Público emitió dicho comunicado para desmentir lo que calificó como un «bulo», refiriéndose a una noticia publicada por El Mundo el 13 de marzo a las 21:29 horas, en la que se afirmaba que el fiscal había ofrecido un acuerdo a González Amador, cuando en realidad fue al revés.

Sin embargo, al abrir la causa el pasado 16 de octubre, el Tribunal Supremo descartó que hubiera delito en la nota de prensa, ya que la información difundida ya había sido publicada horas antes por los medios. En cambio, el foco de la investigación se centró en la filtración de los correos electrónicos a la prensa durante la noche del 13 de marzo.

Adicionalmente, en un informe donde analizó el contenido del teléfono móvil de Rodríguez, la UCO señaló que la Fiscalía también sería responsable de filtrar a la prensa la existencia de una investigación contra González Amador por presuntos delitos fiscales. Esta noticia fue publicada en eldiario.es el 12 de marzo a las 6:01 horas.