El Expresidente del Barcelona presenta recurso de apelación ante las recientes decisiones judiciales

El abogado de Bartomeu, José María Fuster-Fabra, incide en que la RFEF “es una entidad privada que no forma parte del sector público”

Josep Maria Bartomeu ha recurrido el auto en que el juez que investiga el ‘caso Negreira’ atribuye a todos los investigados del caso un presunto delito de cohecho, un delito que afecta a los funcionarios públicos cuando reciben pagos de un particular, es decir, un soborno.

Para justificar este presunto delito, el juez argumentó que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), de la que José María Enríquez Negreira forma parte como directivo del Comité Arbitral, “tiene a efectos penales la condición de entidad jurídico-pública”. Por tanto, el juez consideró que debían considerar a sus directivos como funcionarios a efectos penales. La defensa de Bartomeu contradice este argumento en su recurso, consultado por Europa Press este miércoles.

El abogado de Bartomeu, José María Fuster-Fabra, incide en que la RFEF “es una entidad privada que no forma parte del sector público”, y por tanto asegura que el delito de cohecho no es aplicable ni la Federación ni al Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Fuster-Fabra critica que con el auto de la semana pasada, el juez de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, “tiene como objetivo principal cambiar la orientación del proceso” en la causa del caso Negreira, que inicialmente se abrió por un presunto delito de corrupción en el deporte y no por cohecho.

El abogado sospecha que este cambio se debe a que la investigación no ha encontrado resultados que demuestren que algún árbitro haya sido influenciado por Negreira debido a los pagos del Barça, que según la instrucción llegaron a los 7,5 millones de euros entre 2001 y 2018

El juez quiere “salvar” la causa

José María Fuster-Fabra reprocha que el auto del instructor “lo que pretende es salvar la supervivencia de la causa” argumentando que la RFEF es una administración pública y sus trabajadores funcionarios a efectos penales, a lo que la defensa de Bartomeu replica que Negreira no tenía contrato ni sueldo de la Federación.

Sospechas del juez

El auto que Bartomeu ha recurrido también atribuye presunto cohecho al propio Negreira, su hijo Javier, el Barça como persona jurídica, el expresidente blaugrana Sandro Rosell, los exdirectivos del club Óscar Grau y Albert Soler y la empresa de Negreira DASNIL 95 SL.

El juez cree que los pagos del Barça a Negreira duraron unos 18 años y que “produjeron los efectos arbitrales deseados por el FC Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español”.

También sospecha porque el Barça prescindió de los servicios de Negreira en cuanto él cesó de la vicepresidencia del CTA, tras lo que él “envió una carta intimidatoria al expresidente del FC Barcelona Bartomeu indicándole, en esencia, que si no le seguían pagando revelaría una serie de hechos que podrían perjudicar gravemente al club”.

Para el juez, de esta carta “se desprende que Enríquez Negreira tenía conciencia de que se habían producido actos ilícitos en favor del FC Barcelona de bastante gravedad”.