Hoy: 8 de septiembre de 2024
El director de FUENTES INFORMADAS, José Antonio Hernández, se ha acogido esta mañana al secreto profesional en el interrogatorio al que ha sido sometido en la Audiencia Nacional sobre la procedencia de los audios que este periódico dio en exclusiva sobre conversaciones del comisario José Manuel Villarejo con ministros del Gobierno del PP de Mariano Rajoy y otros altos cargos.
Es la segunda vez que Hernández es llamado por el juez, a instancias del fiscal anticorrupción, para declarar en alguna de las piezas desglosadas que conforman el llamado caso Tándem.
En esta ocasión Hernández ha sido interrogado sobre la pieza 34 del macrosumario. Se ha acogido a los artículos 20 y 120 de la Constitución y ha eludido revelar sus fuentes de información, igual que hizo en su declaración anterior sobre otra de las piezas del caso Villarejo, en concreto la 28.
También estaba citada hoy la directora de El País, Pepa Bueno, cuyo medio divulgó junto a este digital las grabaciones del comisario. Bueno también se ha acogido al secreto profesional.
FUENTES INFORMADAS reitera una vez más su deseo de colaborar con el magistrado siempre y cuando ello no implique vulnerar el sagrado secreto profesional y respeto a las fuentes de información. Por este motivo, el director de este medio no ha contestado a ninguna pregunta que pudiera comprometer este principio básico del periodismo.
El propio magistrado dictó un auto hace meses, en relación con unas grabaciones que difundió el digital Moncloa.com, en el que pone negro sobre blanco la prevalencia del derecho a la información incluso sobre la reserva de asuntos que puedan estar catalogados como secretos.
El magistrado da un repaso a la Fiscalía Anticorrupción que, pese a conocer de sobra la nítida jurisprudencia tanto europea como constitucional española, y sin ninguna prueba, su actitud ha sido la de tratar de incriminar a periodistas que se limitan a informar de asuntos que las autoridades no quieren que se sepa. Y que precisamente están siendo investigados judicialmente por su relevancia pública.
magistrado da un repaso a la Fiscalía Anticorrupción, y pese a conocer de sobra la nítida jurisprudencia tanto europea como constitucional española, sin ninguna prueba, su actitud ha sido la de tratar de incriminar a periodistas que se limitan a informar de asuntos que las autoridades no quieren que se sepa. Y que precisamente están siendo investigados judicialmente por su relevancia pública.
Una vez más las cloacas del Estado lo intenta, si cuela, cuela… alterar el orden constitucional. Gracias a algunos Jueces sigue ” habiendo libertad de información”
Cuando leo éstos artículos entiendo lo imperioso del derecho constitucional a no declarar y del mismo modo me siento más seguro desde ese derecho que del propio Estado.
Es buena noticia que el secreto profesional prevalezca. Ya lo bordamos si también los jueces lo respetaran en el caso de abogados, utilizados a menudo como palancas para sostener investigaciones contra sus clientes.