Hoy: 22 de noviembre de 2024
El Defensor del Pueblo considera que no se respetaron las “garantías legales nacionales e internacionales” al rechazarse en frontera a 470 personas durante el intento de salto masivo de la valla de Melilla, registrado el pasado 24 de junio, cuando murieron al menos 23 inmigrantes.
El Defensor ha recordado que el Tribunal Constitucional establece que el rechazo en frontera ha de contemplar entradas individualizadas con “pleno control judicial” y cumpliendo con las obligaciones internacionales, algo que en este caso no ocurrió.
El Defensor lamenta la pérdida de vidas humanas y los heridos causados en la tragedia, y apunta que el 24 de junio se registró “una situación de riesgo previsible en la zona, a la vista del desarrollo inicial de los acontecimientos”.
El Ministerio del Interior ha respondido al Defensor del Pueblo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron “dentro de las más estricta legalidad” cuando se procedió al rechazo en frontera de migrantes en la tragedia de Melilla, en el perímetro fronterizo con Marruecos.
Asimismo, Interior ha vuelto a mostrar sus condolencias con los familiares de los migrantes fallecidos y también con los 50 agentes heridos, especialmente de la Guardia Civil y adelanta: “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado van a seguir cumpliendo como hasta ahora con su misión de proteger las fronteras de España y de la Unión Europea frente a asaltos violentos“.
El Defensor, por su parte, sugiere que se refuercen las embajadas y consulados para la protección internacional de los migrantes, “sin tener que arriesgar sus vidas”. Ante esto último, Interior ha precisado que “todas las solicitudes de protección internacional cursadas por las personas que accedieron a territorio nacional” el pasado 24 de junio “se están tramitando por los cauces legalmente establecidos en procedimientos con todas las garantías”.