El Consejo de Ministros da luz verde al anteproyecto de ley de trata

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La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra (izquierda), junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero (derecha).
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra (izquierda), junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero. |Fuente: Eduardo Parra / Europa Press

Desde el Ministerio de Justicia se perseguirá los delitos de trata de personas, así como poner fin a la explotación sexual

El Consejo de Ministros ha aprobado finalmente este martes el anteproyecto de ley de trata, aunque sin haber conseguido llegar a ningún acuerdo con los socios del Gobierno. El anteproyecto impulsado por el Ministerio de Justicia persigue la trata de personas, así como de poner fin a la explotación sexual, según han confirmado fuentes del Ministerio de Justicia.

Dicha ley se aprueba sin tener en cuenta el reclamo de Podemos, en el que las víctimas de trata en situación administrativa irregular puedan obtener los papeles sin necesidad de interponer una denuncia previa. No obstante, otras fuentes del Gobierno aclaran a Europa Press que los derechos de las víctimas de trata no están condicionados a la presentación de ninguna denuncia.

Por ello, desde el departamento de Irene Montero consideran que la propuesta es «insuficiente» y que «no responde» a lo demandado por los organismos internaciones o el convenio de Varsovia. Además, lamentan, que no se ha tenido en cuenta lo planteado por las entidades expertas en atención a víctimas de trata y explotación sexual.

Igualdad continúa trabajando en el texto

Mientras tanto, desde Igualdad han asegurado que continúan trabajando para que el texto cuente con «la mayor garantía» para que se protejan los derechos de las víctimas de trata y explotación sexual y subrayan que es «imprescindible» que el texto incluya «la posibilidad de que las víctimas de trata que sean identificadas y estén en situación administrativa irregular puedan acceder a un permiso de residencia y laboral, así como a atención social integral sin necesidad de colaboración policial o denuncia tal y como sucede con el resto de víctimas de violencia contra las mujeres».

Además, consideran necesario que durante el proceso de acreditación a víctimas se incluyan a las organizaciones que están a pie de calle y con las víctimas como parte del proceso de acreditación.

«Impunidad vergonzante»

Ángela Rodríguez denunció la semana pasada «el margen de impunidad vergonzante» que existe en el país en esta materia, debido a que los delitos «no han sido sancionados como debieran» y a que «las víctimas no están protegidas como deben serlo».

En este sentido, señaló que, para Igualdad, lo «más importante» que contiene esta norma es la creación de un mecanismo nacional de derivación «que va a permitir que estas mujeres sean identificadas desde el primer minuto con acceso a un permiso de residencia y trabajo que le corresponda, dependiendo del momento procesal de la identificación, lo que va a permitir que se puedan recuperar».

A pesar de las diferencias, Rodríguez considera que la norma es «un buen ejercicio de síntesis» realizado con las miradas «judicial, policial y feminista entre todos los ministerios». «Sin todas ellas no sería una buena ley», ha apuntado.

Hasta cuatro años de cárcel

El documento en cuestión establecerá medidas para hacerle frente a los delitos vinculados a la trata de seres humanos. En este sentido, desde Cadena Ser que ha podido conocer en detalle el contenido del mismo, apuntan a que esta ley supone un endurecimiento de las penas al proxenetismo y fortalecen las medidas sociales para las víctimas.

Así, la ley contempla hasta cuatro años de cárcel para los que promuevan el delito de explotación mediante el alquiler de locales o lugares de alojamiento de las víctimas. Aunque también establece penas mas graves, de hasta doce años por delitos de esclavitud y de hasta 8 años por delito de trata y explotación o por obligar a realizar prestaciones o actividades de naturaleza sexual, mendicidad o actividades delictivas.

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