El partido sostiene que mientras muchos ciudadanos se esfuerzan para cubrir sus necesidades básicas, el Gobierno “dilapida” el dinero público
La Comisión Constitucional del Congreso ha rechazado este miércoles una propuesta de Vox que exigía al Gobierno tomar medidas inmediatas para cerrar las “mal llamadas” embajadas catalanas en el exterior y aumentar el control sobre el gasto público. Vox argumentaba que ciertos gobiernos regionales separatistas destinan fondos a actividades que “amenazan directamente la unidad nacional” y la igualdad entre los ciudadanos españoles.
En su iniciativa, el partido liderado por Santiago Abascal denunciaba que los “partidos separatistas, con el beneplácito de Pedro Sánchez, han hecho uso de las instituciones y de los fondos públicos para promover la quiebra de la unidad de España”. Como ejemplo, mencionaron las “embajadas catalanas” y las políticas de “adoctrinamiento” en el sistema educativo que, a su juicio, buscan eliminar el español de las aulas, además de acusar a los medios públicos de ser utilizados para “propaganda separatista”.
Más de 127 millones en acción exterior catalana
Vox puso especial énfasis en Cataluña y señaló que la Generalitat tiene cerca de un centenar de oficinas de representación en el exterior. “La Generalitat destina 27.958.351,63 euros para financiar el Gabinete y Secretaría General de Acción Exterior y Gobierno Abierto de Cataluña, y hasta 100.089.260,00 euros para la Secretaría de Acción Exterior”, detallaron en su propuesta, recogida por EP.
El partido instaba al Gobierno a introducir las reformas legales necesarias para eliminar estas oficinas, argumentando que los recursos públicos deben destinarse a “actividades que contribuyan al bien común” y no a causas separatistas. También pedían establecer mecanismos de control y transparencia para asegurar un uso eficiente del dinero público, afirmando que “el Gobierno socialista ha renunciado a custodiar el dinero de todos con la diligencia mínimamente exigible”.
Finalmente, Vox proponía una “asignación de los recursos públicos que fomente la unidad nacional y la convivencia pacífica”, subrayando que, mientras muchos ciudadanos españoles se ven obligados a hacer “esfuerzos extremos” para cubrir sus necesidades básicas, el Gobierno y algunos ejecutivos regionales de carácter separatista “dilapidan” el dinero público en acciones que, según ellos, atacan deliberadamente a España.