El Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa para facilitar la devolución de la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental se encontraba bajo administración española, así como a sus descendientes directos. Los beneficiarios tendrán un plazo de cinco años para solicitarla, en una medida que podría alcanzar a unas 80.000 personas.
La propuesta ha contado con el respaldo del PSOE, Sumar y sus habituales socios parlamentarios, mientras que el PP y Junts se han abstenido y Vox ha votado en contra. El texto continuará ahora su tramitación en el Senado, donde el Partido Popular tiene previsto presentar enmiendas. Los cambios que se introduzcan deberán regresar posteriormente al Congreso para su aprobación definitiva.
La iniciativa llega en un momento especialmente delicado en las relaciones entre España y Marruecos. Rabat considera el Sáhara Occidental parte de su territorio y se ha mostrado contrario a la tramitación de la norma. La votación coincide además con la reciente crisis migratoria de Ceuta y con la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el voto de determinados nacionalizados mediante la llamada Ley de Nietos.
La norma contempla la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza cuando concurran «circunstancias excepcionales» a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977. Para acreditar su origen podrán presentar documentos como antiguos DNI españoles, certificados de nacimiento, documentación expedida por la Administración española o registros vinculados al censo del referéndum del Sáhara autenticados por Naciones Unidas.
Los hijos y descendientes en primer grado de quienes obtengan la nacionalidad también podrán acceder a ella durante un periodo de cinco años. Además, la propuesta modifica el Código Civil para permitir que los saharauis puedan solicitar la nacionalidad por residencia tras permanecer legalmente dos años en España, equiparándolos así a ciudadanos de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal.
Las solicitudes de nacionalidad por carta de naturaleza serán gratuitas y podrán presentarse durante los tres años posteriores a la entrada en vigor de la ley, con posibilidad de ampliar ese plazo un año. La norma comenzará a aplicarse cuatro meses después de su publicación en el BOE. Su aprobación supone un paso adelante para reconocer los vínculos históricos entre España y la población saharaui, aunque todavía deberá superar el trámite del Senado y una nueva votación en el Congreso.