El alcalde de Madrid encara las elecciones de 2027 con una gestión salpicada de varapalos judiciales, turbiedad urbanística y más tasas

Martínez-Almeida ha ampliado exponencialmente la ‘zona SER’, aumentado la tasa de la basura y ahora quiere cobrar por aparcar a partir de las 21.00 y los fines de semana

Con vistas a las elecciones municipales que el próximo año 2027 se celebrarán en España el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), no puede presentarse ante los ciudadanos de la capital con un bagaje positivo. 

Los corregidores que aspiran a la reelección comienzan ya a hacer acopio de logros con vistas a revalidar su cargo, y a tal efecto preparan la presentación a los electores de las promesas cumplidas, los éxitos obtenidos en su gestión, la mejora general de la ciudad y de las condiciones de vida de sus habitantes y una actuación honesta. 

Van a tener difícil los asesores de Martínez-Almeida convencer al electorado de que se decante por alguien que, como el denostado Pedro Sánchez, cambia continuamente de opinión en asuntos importantes, haciendo, una vez en el poder, lo contrario de lo que prometió, además de presentar ciertos aspectos turbios en su actuación urbanística.

Ejemplo de lo anterior es Madrid Central.

En la campaña electoral de 2019 Martínez-Almeida prometió suprimir la zona de bajas emisiones impuesta por Manuela Carmena y devolver el dinero recaudado a los ciudadanos multados, y aunque dejó de sancionar las infracciones cuando alcanzó el poder jamás devolvió el dinero recaudado con las multas, aprovechando que, al poco de ocupar el cargo, una sentencia reactivó el control de emisiones, para volver a multar. 

Y aunque una sentencia definitiva de julio de 2020 declaró ilegal Madrid Central, cambió el nombre de la zona por el de Distrito Centro, y, sin devolver nada a los multados, ha seguido sancionando, recaudando e incluso ampliando la superficie afectada.

Otro ejemplo de cambio copernicano fue la promesa electoral de soterrar la M-30 bajo el solar que, tras su demolición, había dejado el antiguo estadio rojiblanco Vicente Calderón; Martínez-Almeida se olvidó de hacerlo y se limitó a cubrir la M-30, que era el proyecto de su antecesora Manuela Carmena, que antes él tanto había criticado. 

Y qué decir del proyecto de Margarita Robles de construir un “Pentagonito”, como llaman en su ministerio al proyecto del mamotrético edificio de 18 plantas y al menos 60 metros de altura sobre rasante (y varias plantas en el subsuelo) que la ministra, con el visto bueno de Martínez-Almeida, pretendía alzar en la calle Joaquín Costa, junto al paseo de la Castellana.

Un edificio militar en La Castellana

Vista la masiva oposición vecinal a ese engendro, el alcalde reculó. Realmente significaba una transformación urbanística que debía comportar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Además, era ilegal.

No se puede colocar un objetivo militar, dadas su naturaleza y previsibles finalidad o utilización bélicas, en el centro de la capital.

Aunque en su momento el Ayuntamiento concluyó que la ejecución de la propuesta del ministerio dirigido por Robles como plan especial era “viable económica y financieramente” y sostenible en base a lo exigido por la ley, la reacción ciudadana ha logrado truncar la idea.

Borja Carabante, delegado municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de Martínez-Almeida, ha dicho al respecto que cualquier actuación que el Ministerio de Defensa pretenda llevar a cabo en ese solar y que perjudique, moleste o inquiete a los vecinos será paralizada por el ayuntamiento. 

Es decir, Martínez-Almeida, por boca ajena, dice digo donde dijo Diego y se desentiende sin pudor de la “travesura” planeada por Margarita Robles, dejándola “colgada de la brocha”. 

En el plano recaudatorio, el apogeo del afán confiscatorio de Martínez-Almeida, que prometió en campaña electoral que bajaría los impuestos, ha sido el dislate del cálculo de la tasa de basuras, que ha motivado casi 150.000 reclamaciones de madrileños indignados. 

La tasa de 2025, calificada de “atraco” por este medio, la impone la ley, pero Martínez-Almeida ha aprovechado para perpetrar un expolio a los maltrechos bolsillos (esos en los que el PP no se cansa de decir que es donde mejor está el dinero) de los madrileños. 

Como adelantaba este digital el cálculo que el ayuntamiento que preside este político tan voluble y poco serio ha efectuado de la tasa, olvidando el principio de que quien contamina paga, se ha basado, fundamentalmente, en el valor catastral de las viviendas, que es lo cómodo y fácil, y no en lo que cada casa o familia contamina realmente.

El TSJ de Madrid en sentencia del pasado mes de marzo ha declarado nula de pleno derecho la tasa y aunque la sentencia no es firme, el hecho de que se base en “defectos sustanciales en su tramitación” hace pensar a juristas consultados que los eventuales recursos del ayuntamiento no prosperarán. 

Si Martínez-Almeida fuera un político medianamente serio, devolvería lo indebidamente recaudado (aunque fuera descontándolo del IBI de 2026) a todos los madrileños (a los que se ocultó información) y no solo a los que recurrieron en vía administrativa. 

Brutal ampliación de la SER

Y procedería a un cálculo justo y transparente de la tasa de 2026, descontándosela del IBI a los propietarios (e inquilinos) de viviendas, haciendo recaer el peso del pago de la misma sobre quienes más contaminan (restauración, hostelería, comercio, empresas de mensajería que dejan la ciudad inundada de cartonaje, banca, ministerios y organismos oficiales, etc.). 

También debería Martínez-Almeida anular la brutal ampliación de la zona SER realizada en diciembre de 2025 para cobrar por aparcar después de las 21:00 horas en fines de semana y festivos y vísperas. 

La excusa de que con ello se disminuye la alta intensidad de actividad en los barrios en que se impone y se aseguran plazas a residentes es un insulto a la inteligencia, pues la finalidad de la medida es puramente recaudatoria, aunque con ello se perjudica a ciudadanos que acuden a lugares de ocio, a comercios, bares, restaurantes, etc. 

Martínez-Almeida estimulando a los madrileños y a los empresarios y emprendedores.

Pero donde el alcalde de Madrid, tal vez mal asesorado por su compañera de profesión la abogada del Estado Gabriela Cerdeiras, a la que (con el soterrado resquemor de los letrados del ayuntamiento) nombró Letrada general del Consistorio en octubre de 2023 (las designaciones de amigos no solo se pueden imputar al gobierno de Sánchez), ha tenido, y está teniendo, sonados resbalones es en materia urbanística (que es donde, como dicen los castizos, “hay tela”).

Al varapalo judicial de los aparcamientos del Santiago Bernabéu (asunto “turbio” donde los haya, del que este medio ha informado reiteradamente), se une el de la Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid (asunto no menos “hediondo”.

El mismo consiste en permitir la construcción, en los terrenos que rodean al estadio Metropolitano, de un hotel y un recinto de ocio y conciertos de más de 200.000 metros cuadrados.

Varapalos judiciales

El TSJ de Madrid en diciembre de 2025 anuló la aprobación municipal del plan especial “Parque Olímpico Sector Oeste” por no haberse justificado adecuadamente por el Ayuntamiento el interés público del “desarrollo” ni el cumplimiento de los requisitos, careciendo la decisión municipal de motivación suficiente. 

En definitiva, se declara la nulidad de la cesión por ¡¡75 años¡¡ prevista en el plan especial de una parcela de más de 200.000 metros cuadrados originariamente destinada a albergar instalaciones para los malogrados Juegos Olímpicos de Ana Botella, pues, según el TSJ, el plan de Martínez-Almeida “supone una transformación radical de la finalidad pública de la parcela”. 

Y tanto, porque el alcalde pretende llevar a cabo una cesión por 75 años de los más de 200.000 metros cuadrados de terreno, convenientemente recalificados, para finalidades lucrativas, pues como afirma el TSJ “su finalidad no es satisfacer el interés público sino los privados, concretamente los del codemandado Club Atlético de Madrid”. 

Un chollo para la entidad cesionaria (como en el caso de los aparcamientos del Bernabéu) y un claro perjuicio para los madrileños. Esos a los que Martínez-Almeida va a pedir el voto dentro de poco más de un año. 

Tal como ha dicho el concejal socialista Antonio Giraldo, esto es lo que pasa “cuando se hace urbanismo a la carta. Cuando el interés no es el interés general sino el de beneficiar a determinados intereses particulares”. 

Tanto el Atlético de Madrid como el ayuntamiento han interpuesto recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Con pocas posibilidades de prosperar.

Lo de redactar un plan especial en lugar modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en casos que afectan a poderosos grupos empresariales a los que se les hacen concesiones, a bajo precio y por muchos años, de terrenos o bienes del consistorio (es decir, de los madrileños) es algo que Martínez-Almeida ha convertido en costumbre.

«Capitalismo de amiguetes»

El problema es que el canon que esos grupos (habitualmente sociedades offshore y capitales asociados a fondos buitre) suelen pagar al ayuntamiento (o sea, a los madrileños) por la concesión suele ser ínfimo si se compara con los beneficios que prevén obtener de ella.

Capitalismo de amiguetes, habilitando suelo público para su utilización lucrativa privada. 

Lo que parece el último, por ahora, intento de trapisonda de Martínez-Almeida es el proyecto de recalificar, antes del segundo semestre de este año (¿a qué tanta prisa?), los terrenos que el Real Madrid posee en Valdebebas, para lo que, según informa Vozpopuli, el equipo del alcalde lleva meses trabajando junto al del club en un proyecto denominado Madrid Innovation District. 

La operación supondría que unos terrenos valorados en unos 70 millones de euros, pudieran, tras ser recalificados, alcanzar un valor de, al menos, 400 millones de euros. 

Lo que los malintencionados llamarían un pelotazo. Obviamente, añadimos, con el propósito de beneficiar a todos los ciudadanos de Madrid.

Mientras tanto, Martínez-Almeida se olvida de los al menos 115.000 concesionarios de plazas de aparcamiento para residentes (PAR) a los que en 2013 el PP prometió que les vendería esas plazas, que ya pagaron y que han mantenido durante años. Promesa que Ana Botella y Manuela Carmena comenzaron a cumplir

Pero parece que con esas plazas de aparcamiento se avecina un jugoso negocio una vez que finalice el plazo de concesión y reviertan al ayuntamiento. 

Pudiera ser que Martínez-Almeida, si continúa en el cargo a pesar de sus incumplimientos, las entregará en concesión, por 50, 75 o hasta 99 años, a poderosos grupos empresariales nacionales o extranjeros que, a cambio de un canon ridículo, las explotarán y obtendrán centenares de millones de beneficios. 

Y también este chanchullo se presentará como una forma de beneficiar a todos los ciudadanos de Madrid.

Coches en el patio Interior

A la vez, Martínez-Almeida transige con que, en un patio interior de manzana que tiene entrada por un vado municipal de la calle Montesa, y situado entre esta y las calles Padilla, Alcántara y Ortega y Gasset, es decir, en pleno barrio de Salamanca, un numeroso grupo de propietarios incumpla flagrantemente la resolución del Coordinador del distrito de Salamanca de 6 de febrero de 2026.

Esta resolución se refiere al expediente de disciplina urbanística 104/2026/0030, que suspende con efecto inmediato el uso como aparcamiento que, sin título que lo permitiera, se venía, y viene, dando a ese patio por algunos vecinos.

En concreto, en dicha resolución se acuerda “dispone la suspensión la suspensión inmediata del uso consistente en la implantación de un garaje aparcamiento en superficie en patio de manzana, sin título habilitante realizado en el patio de manzana de la Mancomunidad de propietario de la Colonia Padilla, 76, 78, 80, 82 y Alcántara 52, 54 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid”.

En agua de borrajas…

Pues bien, a día de hoy esa resolución, notificada hace más de mes y medio, es agua de borrajas, pues el patio se encuentra repleto de vehículos aparcados y por el mismo circulan, de entrada y salida de los garajes de los edificios de la calle Padilla, coches que, sin límite de velocidad, eluden, como pueden, a las personas que, aterradas, transitan por el lugar, sito en el emblemático y selecto barrio de Salamanca. Pero carente de cualquier signo de urbanización, como viales, aceras o señalizaciones. 

La policía municipal de Martínez-Almeida y los propios servicios urbanísticos, a los que tan rauda y eficientemente se utiliza por el ayuntamiento para poner multas, la una y cooperar servilmente en los planes especiales que benefician a poderosas entidades, los otros, ni están ni se los espera, parafraseando a Sabino Fernández Campo.