El gobierno estadounidense acusa al país centroamericano de montar fotos y vídeos que aumentan la preocupación sobre el bienestar del prelado
El Gobierno de Estados Unidos ha pedido de nuevo a Nicaragua la liberación “inmediata y sin condiciones” del obispo Rolando Álvarez, que lleva 500 días encarcelado “injustamente” por su condena a 26 años de prisión por la supuesta comisión de delitos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones y desacato a la autoridad.
“Durante ese tiempo, las autoridades nicaragüenses han mantenido aislado al obispo, han bloqueado la evaluación independiente de las condiciones de su encarcelamiento y han publicado vídeos y fotografías montados que solo aumentan las preocupaciones sobre su bienestar”, reza un comunicado del Departamento de Estado estadounidense.
El portavoz de esta oficina, Matthew Miller, ha denunciado que además de Álvarez, “muchos líderes religiosos siguen detenidos injustamente en Nicaragua”, incluido el obispo Isidoro Mora y varios sacerdotes. “El régimen Ortega y Murillo continúa imponiendo severas restricciones a las comunidades religiosas y negando a los ciudadanos nicaragüenses la capacidad de practicar libremente sus religiones y expresar sus creencias”, ha criticado.
Nicaragua asegura que Álvarez se encuentra bien
Tras el comunicado, el Gobierno de Nicaragua ha mostrado imágenes del obispo durante una revisión médica, señalando que “se siente bien y se mantiene realizando ejercicios”. “El médico informó que los signos vitales y estado de salud de Rolando Álvarez están bien“, según una misiva recogida por el periódico ‘La Prensa’.
Álvarez es miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y en el país es reconocido por su labor en defensa de los Derechos Humanos frente a la opresión sandinista. De hecho, en 2022 se convirtió en el primer obispo de la Iglesia católica en ser arrestado desde que Ortega se hizo con el poder en 2007.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, tildó anteriormente a la Iglesia de “dictadura perfecta” y de “usar” a sus obispos para “dar un golpe de Estado” en el país centroamericano, asegurando que algunos sacerdotes hacían llamamientos al derramamiento de sangre durante la ola de protestas de 2018, que se saldó con la muerte de más de 300 personas.