El juez ofrece a la Complutense personarse en la causa por Begoña Gómez

La decisión abre la puerta a que la universidad participe activamente en el proceso

El juez Juan Carlos Peinado ha dado un paso relevante en la causa que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La investigación se centra en la presunta apropiación indebida de un ‘software’ desarrollado para una universidad pública. Según el juez, la institución podría considerarse perjudicada en el caso.

En una providencia reciente, Peinado citó a la universidad a comparecer este lunes a las 17.30 horas. La cita no es casual: durante la vista, se informará a Gómez de que, si el caso llega a juicio, será juzgada por un jurado popular. Esto significa que ciudadanos ordinarios, y no un tribunal de jueces, decidirán sobre el asunto.

El magistrado señala que, dado que los fondos del proyecto estaban destinados a la universidad, la institución debe poder personarse como parte afectada. La decisión abre la puerta a que la universidad participe activamente en el proceso. Podría, por ejemplo, solicitar reparaciones económicas o presentar alegaciones sobre cómo se gestionaron los recursos, según ha publicado Europa Press.

El proceso judicial

El caso se centra en la apropiación de un software cuyo desarrollo fue financiado para beneficio de la universidad. Según el juez, el hecho de que los recursos estuvieran destinados a la institución hace que esta sea perjudicada directamente. La medida busca garantizar que los intereses de la universidad sean defendidos en el proceso.

Si la universidad acepta personarse, su participación marcará un cambio en la dinámica de la causa. La investigación podría incluir más pruebas sobre la financiación y el uso del software. Además, se podrían analizar responsabilidades y posibles daños económicos ocasionados.

Por otro lado, la presencia de un jurado popular añade un elemento diferente al juicio. La decisión de ciudadanos ajenos a la profesión jurídica hace que el caso gane en transparencia, pero también aumenta la atención mediática. Esto pone bajo los focos públicos tanto a la acusada como a la universidad afectada.

En definitiva, el juez Peinado ha dado un paso que reconoce el derecho de la institución a ser escuchada y defendida. La decisión no prejuzga culpabilidades, pero sí amplía la participación de actores implicados en el caso. A medida que avance la investigación, será clave seguir cómo la universidad ejerce sus derechos y cómo esto influye en el desarrollo del proceso judicial.