El autor, ex alto cargo del Ministerio del Interior durante los gobiernos de Felipe González y la etapa más sangrienta de ETA, se lamenta de que los 350 diputados y senadores no hayan hecho “sus deberes” y permitido que salga adelante una “ley basura que puede facilitar la excarcelación de asesinos irredentos”
JUAN DE JUSTO RODRÍGUEZ
Me resulta absolutamente imposible soportar tanta estulticia, llevamos dos o tres días desayunando, comiendo y cenando con las más graves torpezas e iniquidades en las que un mandatario puede caer.
De pronto vemos cómo esos 350 caballeros y señoras que se sientan en el Congreso de los Diputados (es trasportable al Senado), ni siquiera hacen sus deberes, algo tan serio y trascendente y con tan terribles consecuencias para el recuerdo más reciente de los españoles, que debería haber sido un apéndice más a sumar a un acervo legislativo respetuoso con el Estado de Derecho, se convierte en una basura que puede facilitar la excarcelación de asesinos irredentos.
No se me diga que no existía otro remedio para poder incorporar la ley europea a nuestra legislación porque tanto ilustre jurista capaz de restringir libertades, como viene sucediendo cada vez que se promulga una nueva ley, a la vez que encuentra el resquicio para introducir en la legislación penal delitos de lo más exótico y variopinto, no es capaz de encontrar la excepción que coadyuve a impedir tan funesto resultado como el que se advierte.
Que pudo hacer que la palabra de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado pueda prevalecer sobre la de cualquier ciudadano, que convirtió en delito la mera opinión sobre cuestiones que atañen a la convivencia en sociedad y su pluralismo, o margina a quien se atreve a cuestionar esa aberración llamada “discriminación positiva”.
No ha sido ni es capaz de encontrar una solución para que la debacle que se nos avecina en forma de libertades indeseables se impida, para que, mediante la aplicación de esa “discriminación positiva” se puedan establecer determinadas excepciones a los beneficios penitenciarios.
Nada hemos de objetar a la implementación de los derechos fundamentales, la libertad, por supuesto que las penas cumplidas por los mismos hechos e iguales circunstancias deben tenerse en cuenta a la hora de contabilizar el cumplimiento.
Pero, ¿es esta la situación de todos los presos de referencia o se pretende otra amnistía bastarda pero esta vez encubierta? Todas y cada una de las circunstancias que rodean las penas que cumple cada reo deben ser estudiadas con detenimiento por los correspondientes equipos jurídicos, con absoluto rigor y libertad.
La ley que surja tras este disparate ha de ser meticulosa, detallista y cuidadosamente estudiada cuidando sus posibilidades de aplicación y, además, debe ser suficientemente explicada a la ciudadanía, no sirve el mero acto de fe buenista a que venimos asistiendo de unos años a esta parte (acto que se convierte en un trágala siempre), es imprescindible ser didáctico hasta la extenuación.
Es imprescindible, en el mismo marco que nos ocupa, que se tomen decisiones drásticas cobre aquellas señorías que dicen haber sido engañados porque si el engaño es real, ¿podemos fiarnos de gente tan permeable? ¿tan inteligentes son los burladores? (no parece).
Regresamos al problema que venimos arrastrando por largo tiempo, esos personajes que se sientan en las Cortes Generales funcionan a golpe de noticia pro o contra, si es pro para poder mantener la adulación, si es contra para poder poner de manifiesto su superioridad moral e intelectual, aunque estas dos últimas palabras estén ausentes del ámbito político.
Para finalizar hemos de plantearnos una pregunta, ¿qué es peor la vagancia o la ignorancia?