La sentencia del Juzgado establece que deben indemnizar con 4.000 euros a la víctima
El Juzgado de Menores de Santander ha emitido una sentencia condenatoria contra cuatro menores, sus progenitores y un colegio en Santander debido a un caso de bullying que tuvo lugar en dicho centro educativo.
La sentencia detalla que los cuatro menores actuaron de manera coordinada con el objetivo de menoscabar gravemente la integridad moral de la víctima, perpetrando distintos actos de acoso de forma continua y prácticamente diaria durante casi un año escolar, desde septiembre de 2021 hasta abril de 2022.
Entre los actos de acoso perpetrados se incluyen insultos y agresiones físicas reiteradas hacia el perjudicado, tanto en las aulas como en las instalaciones deportivas del centro educativo. A pesar de que la madre del niño informó a la escuela sobre estos hechos en abril de 2022 y se procedió a cambiarlo de clase, el acoso persistió, culminando en un incidente donde los agresores le propinaron un fuerte golpe en la cara y lo sujetaron para luego dejarlo caer violentamente al suelo.
A raíz de este incidente, el menor fue llevado al Hospital Valdecilla, donde no se detectaron lesiones físicas, pero debido al trauma emocional fue derivado al servicio de Psiquiatría. Según la resolución judicial, todos los implicados deberán indemnizar con 4.000 euros al alumno que sufrió el acoso, como compensación por los daños morales causados.
Además de la compensación económica, los cuatro menores responsables del acoso escolar deberán realizar tareas socioeducativas durante un período de diez meses como parte de las medidas impuestas por el Juzgado. Estas medidas son consecuencia de un delito contra la integridad moral, conforme establece la sentencia, que se basa en la conformidad alcanzada entre las partes involucradas y la fiscalía que llevó el caso.
La sentencia establece que los cuatro menores condenados y sus representantes legales aceptaron los hechos probados y las medidas propuestas por la fiscalía, que incluyen las tareas socioeducativas y la indemnización económica a la víctima.
Estas medidas buscan, entre otros objetivos, mantener la escolaridad de los menores, favorecer su desarrollo moral y capacidad empática, así como promover su inserción sociolaboral y habilidades sociales.