Condenan a prisión a un Policía Nacional por fingir el robo de su moto para cobrar una indemnización

La sentencia le considera responsable de delitos de estafa, falsedad documental cometida por funcionario público y falsedad en documento oficial

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un agente de la Policía Nacional a dos años y un mes de prisión por fingir el robo de su motocicleta con el objetivo de cobrar una indemnización del seguro superior a los 13.200 euros.

La sentencia recoge que el policía, destinado en la Brigada de Policía Judicial de Torrent, elaboró una denuncia falsa en enero de 2024 asegurando que su motocicleta había sido sustraída. En el documento figuraba tanto como denunciante como instructor de la propia denuncia, una irregularidad que posteriormente resultó clave en la investigación.

Tras presentar la documentación a la aseguradora, el agente recibió la indemnización económica pese a que el vehículo nunca había sido robado y seguía bajo su control. Según la resolución judicial, el funcionario ocultó la motocicleta meses después en una finca propiedad de un conocido cuando comenzó a sospechar que el caso podía ser revisado internamente.

Finalmente, otros agentes localizaron el vehículo en julio de 2024, lo que permitió confirmar el fraude.

El tribunal valora la devolución del dinero y suspende la entrada en prisión

El condenado reconoció los hechos durante el procedimiento judicial y alcanzó un acuerdo con las partes, lo que permitió reducir la pena gracias a la atenuante de reparación del daño. Antes del juicio devolvió íntegramente el dinero recibido de la aseguradora, además de asumir los gastos derivados del proceso penal.

La sentencia le considera responsable de delitos de estafa, falsedad documental cometida por funcionario público y falsedad en documento oficial. Además de la pena de prisión, el tribunal le impuso multas económicas y una inhabilitación temporal para ejercer empleo o cargo público durante más de un año.

No obstante, la resolución también acuerda suspender el ingreso efectivo en prisión durante un periodo de dos años, siempre que el condenado no vuelva a delinquir en ese tiempo.

El caso ha generado impacto por tratarse de un miembro de las fuerzas de seguridad encargado precisamente de investigar delitos similares, lo que ha aumentado la repercusión pública de la condena.