El caso destapa privilegios en la distribución de vacunas y genera indignación en la opinión pública
La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado sentencia condenatoria contra Montserrat Rincón, exgerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), imponiéndole una pena de tres años de prisión por vacunarse de la COVID-19 antes de la fecha asignada.
En particular, la exgerente Montserrat Rincón, que desempeñó el cargo hasta enero de 2021, cometió el delito de falsedad en documento oficial, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la exoneró del delito leve de estafa, una acusación que también se le imputaba, según indicó en el comunicado.
La exgerente utilizó su posición para alterar los listados de usuarios en residencias de mayores, asegurándose de recibir una de las primeras dosis de la vacuna apenas días después de iniciado el proceso.
La sentencia destaca que Rincón no tenía derecho a vacunarse en esas fechas, ya que no estaba incluida entre las personas consideradas prioritarias. La acusada, de forma unilateral, se añadió al listado oficial de personas a vacunar en una residencia de mayores de Badajoz.
En las fases iniciales de la vacunación, cuando las dosis eran limitadas, Rincón aprovechó su posición para administrarse una de las primeras dosis en Badajoz, mientras que la población en general no tenía acceso fuera de la programación y el procedimiento oficial.
La exgerente, ya sea personalmente o mediante un tercero bajo su supervisión, modificó el listado de vacunaciones de la residencia para incluirse y recibió la vacuna el 4 de enero de 2021.
La sentencia no es definitiva y cabe la posibilidad de interponer un recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.