Cientos de jueces y fiscales abarrotan la entrada del Supremo para protestar contra las reformas de Bolaños 

Los convocantes afirman que la protesta no es contra el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, sino que es «un acto a favor del Poder Judicial»

Cientos de jueces y fiscales se han concentrado frente al Tribunal Supremo para manifestarse contra la reforma legislativa impulsada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Esta reforma modifica los requisitos de acceso a las carreras judicial y fiscal, y ha sido objeto de protesta bajo el lema Sin Estado de derecho no hay democracia.

Durante el acto, se leyó un comunicado conjunto por parte de los portavoces de las cinco asociaciones convocantes: María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); Sergio Oliva Parrilla, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV); Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI); Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF); y Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Hoy toca estar en la puerta del Supremo apoyando a los jueces.

Sin ninguna duda, esta es la manifestación más importante de nuestra historia democrática.

Si no hay contrapesos al poder político, viviremos en el despotismo. pic.twitter.com/6X5vLNwhEY

— The Good MAFO (@fdezordonez) June 28, 2025

En el manifiesto se afirmó que la protesta «no es contra el Poder Ejecutivo» ni «contra el Poder Legislativo: es un acto a favor del Poder Judicial. Estamos aquí para defender lo de todos.»

Los convocantes recordaron que la Constitución de 1978 instauró en España un Estado de derecho sustentado en el imperio de la ley, la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial frente a «toda injerencia política», un elemento que consideran «clave para hablar de una democracia real.»

Según explicaron, los proyectos de reforma del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal «no responden a demanda social alguna» y están siendo tramitados por el procedimiento de urgencia «sin ninguna razón para ello.»

Advierten de que dichas reformas supondrán una merma en la calidad de los conocimientos exigidos para acceder a ambas carreras, al introducir pruebas «más subjetivas y susceptibles de filtración.»

Asimismo, criticaron la propuesta de crear un centro preparador de opositores dependiente del Gobierno, lo que supondría «el consiguiente riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales del país.»

Por último, denunciaron que se prevé convertir en jueces y fiscales a 1.000 profesionales sustitutos que acumulen cinco años de experiencia, lo cual, según afirman, vulneraría «los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad», y afectaría negativamente tanto a las promociones más jóvenes como a los miles de opositores que se esfuerzan por cumplir su aspiración de convertirse en juez o fiscal.