ANTONIO OTERO FERNÁNDEZ
Montero cumple con las exigencias de los Estatutos catalán y valenciano, mientras que Madrid experimenta un crecimiento fulgurante
Cataluña y Andalucía serán las comunidades autónomas que más inversión pública territorializada reciban por parte del Estado de cara a 2023. Así lo establecen los presupuestos generales del Estado (PGE) de 2023, que destinarán poco más de 2.300 millones a las autonomías gobernadas por ERC, Junts y el Partido Popular respectivamente.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado en el Congreso que los PGE se ajustan a las condiciones marcadas por las distintas comunidades autónomas. Cataluña, por ejemplo, reclama igualar la cantidad invertida a su aportación al PIB. Sin embargo, tanto Andalucía como la Comunidad Valenciana piden que el peso de la inversión sea directamente proporcional a la relevancia demográfica de la zona.
A estas comunidades las sigue de cerca Madrid, que no recoge en su Estatuto ninguna consideración que deba tenerse en cuenta en los PGE. Sin embargo, los 1.300 millones que se invertirán en la capital no parecen ser suficientes para subsanarlos con los ingresos generados. La cifra queda muy lejos de su peso demográfico y de la aportación al PIB nacional, mucho mayor de la que las inversiones pueden abarcar.
A pesar de todo, la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso ostenta el galardón de ser la que más crece sobre el papel, con un 13,3% que supera con creces la media de 2,8%.
Tomando en consideración todos estos datos, los cálculos revelan un gasto territorial de casi 26.000 millones, un 20% más que el ejercicio anterior. Si, además, se introducen en la ecuación los gastos destinados a infraestructuras y obras públicas, el capital ascendería hasta los 46.000 millones.
