Carmen es la mayor de los cuatro hermanos de la familia Abarca, cuyos padres –los doctores Juan Abarca Campal y Carmen Cidón Tamargo–, han levantado, a lo largo de los pasados 34 años, uno de los grupos hospitalarios privados más importantes de España: el Grupo HM Hospitales. Lo componen 21 hospitales, 22 policlínicos, tres centros integrales y tres especializados
Carmen Abarca Cidón ha interpuesto una querella por supuesta estafa y falsedad en documento mercantil contra sus hermanos, Juan (el segundo), presidente del Grupo, y su empresa, Melior Medici, S.L.; Elena, y su empresa, Consultas y Análisis 2AC Gestión de Servicios, S.L.; y Alejandro (el pequeño) y su mercantil, Alac 2013, S.L.
Y también contra el abogado, Francisco Javier Gómez Gutiérrez, el asesor jurídico de los tres hermanos, al que le suman el supuesto delito de deslealtad profesional en concurso con estafa y falsedad en documento mercantil; y contra la notaria, María del Pilar de Prada Solaesa.
Carmen Abarca Cidón y su empresa, Telma 2013, S.L., acusa al abogado, a la notaria y a sus tres hermanos de haberle engañado en la compra de sus participaciones en el Grupo HM Hospitales, por las que le pagaron 17.340.057 euros cuando su valor realmente era de 155.377.196 euros.
Es decir, 138.037.139 euros menos.
“Las querellantes [Carmen Abarca Cidón y Telma 2013, S.L.] vendieron por 7 veces menos de lo que realmente les habría correspondido si su asesor les hubiese asesorado leal y correctamente”, dice el texto de la querella, admitida a trámite, que firman por los abogados Eduardo de Urbano Castrillo (magistrado en excedencia y una autoridad y reconocido experto en penal económico) y Raúl Núñez Oyarzábal.
“Por si fuera poco, la citada cantidad (la de 17.340.057 euros) fue manipulada, so capa de una obra de ingeniería (también vale carpintería) mercantil urdida por el querellado Francisco Javier Gómez, que se concretó (…) en la adulteración de los dividendos de la mercantil querellante [Telma 2013, S.L.] tenía que percibir en la sociedad objeto de la principal de las operaciones que motiva esta querella”, añaden los dos abogados.
Según la querella presentada por Carmen Abarca, sus hermanos no mostraron voluntad de llegar a un acuerdo extrajudicial con ella para resolver el conflicto de la venta de sus participaciones en el Grupo HM Hospitales.
Estos recibieron varios burofaxes, a lo largo de ocho meses, proponiendo una solución justa y razonable para compensar el perjuicio causado a su hermana por el engañoso asesoramiento recibido. La respuesta de los querellados fue una rotunda negativa.
Huelga decir que la armonía familiar ha quedado hecha trizas, lo que, indudablemente tiene su efecto en unos padres ancianos. Juan Abarca Campal sufre Parkinson en grado muy avanzado y permanece postrado en la cama todo el día, recibiendo alimentación mediante sonda parenteral; incapacitado.
Y Carmen Cidón Tamargo padece una grave cardiopatía que la mantiene en su domicilio apartada de los negocios del grupo empresarial que ambos fundaron con gran éxito.
LA DECISIÓN DE SALIR DEL GRUPO
Carmen Abarca Cidón tomó la decisión de salir del Grupo HM Hospitales en septiembre de 2021 porque sus hermanos la habían apartado progresivamente de la gestión y decisiones importantes dentro del grupo familiar, a pesar de su participación activa en el sector farmacéutico del mismo.
Quería evitar más conflictos y problemas personales con sus hermanos rompiendo su relación mercantil con ellos y con HM Hospitales.
La cabeza del Grupo HM Hospitales es la empresa Profesionales de la Medicina y de la Empresa, S.A. (PME).
De este, a su vez, forman parte las mercantiles Carpe Fatum Proyectos, S.L., Alma Terra Mater, S.L., Iniciativas de Gestión ACCT 2010, S.L., que están dedicadas ala administración y gestión del patrimonio conjunto de los padres de Carmen Abarcal.
Y también las empresas Cadab Ventures, S.A.R.L. y Lux ATM Investments, S.A.R.L., constituidas para la realización de inversiones fuera de España y en sectores de actividad diferentes al sanitario.
El Grupo HM Hospitales, en consecuencia, presenta una estructura empresarial compleja formada por las PME y las 6 mercantiles mencionadas –y otras muchas más, hasta sumar 20– que, a su vez, están participadas por los hermanos Abarca Cidón a través de sus propias empresas.
El esquema, dicen los dos abogados, “refleja gráficamente hasta qué punto las relaciones entre los cuatro hermanos Abarca eran más jurídicas (y económicas) que fraternales”.
PROTOCOLO FAMILIAR
Las relaciones entre los hermanos estaban reguladas por un Protocolo Familiar que suscribieron los padres el 11 de mayo de 2010 y que se amplió dos veces en 2018, por el que se constituyó un Consejo de Familia.
Tenía como fin ordenar y canalizar las cuestiones de importancia que afectasen a los ámbitos familiar y empresarial de la familia Abarca Cidón.
En ese marco, el 14 de noviembre de 2014 los padres de Carmen Abarca Cidón suscribieron un acuerdo notarial en el que se estipulaba que la valoración de las participaciones en el caso de que uno de los socios decidiese abandonar la sociedad nunca debería hacer a valor contable y sí por múltiplos de EBITDA.
EBITDA significa “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization”, que en español se traduce como “Beneficios antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones” es decir, beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, o lo que es lo mismo, indicador financiero del beneficio bruto de explotación calculado antes de deducir los gastos financieros. Lo cual era de obligado cumplimiento para los miembros del Consejo de Familia.
Las participaciones, quedó claro, debían venderse a valor de mercado y no a valor contable. En ese sentido, la notaria debía haber vigilado que así fuera. No fue así, de ahí su imputación.
EL ABOGADO DE LA FAMILIA PERTENECE AL BUFETE NUMMARIA
Porque a Carmen Abarca sus participaciones le fueron abonadas a valor contable. Pero eso lo supo después. Cuando descubrió que Francisco Javier Gómez, asesor y secretario del Consejo de Familia –“Pachi” para todos–, a quien le había recomendado su madre, no había cuidado de sus intereses como ella había esperado.
A pesar de las serias dudas que le entraron cuando supo que la Fiscalía Anticorrupción había interpuesto una querella contra Nummaria, el despacho de abogados al que pertenecía Gómez, al que se le imputó por crear un entramado de sociedades opacas para ayudar a sus clientes a evadir impuestos.
Unas dudas que después se convirtieron en certezas en la cabeza de Carmen Abarca Cidón, a tenor de la querella.
El abogado de la familia actuó en beneficio de sus tres hermanos, como asesor jurídico. Cometió supuestos actos de deslealtad y fraude para favorecerlos económicamente comprando sus participaciones a precios irrisorios.
Presuntamente manipuló los términos de los acuerdos, falsificó documentos, alteró los contratos y eliminó cláusulas que podrían haberla protegido. Todo se hizo sin garantías y con pagos aplazados.
Fueron actos como parte de un plan para despojar a la querellante de su legítima participación en el grupo empresarial familiar.
Los autores de la querella identifican tres engaños concretos que sustentan la acusación del supuesto delito de estafa y de falsedad en documento mercantil:
PRIMER ENGAÑO
Carmen Abarca, bajo el asesoramiento del querellado Francisco Javier Gómez, vendió 1.300 participaciones en la sociedad PME a un precio irrisorio de 650.000 €, cuando su valor de mercado era de 33.376.595 €. Este asesoramiento desleal y engañoso resultó en un perjuicio significativo para Carmen Abarca, ya que vendió sus participaciones por mucho menos de su valor real.
SEGUNDO ENGAÑO
Los créditos vencidos, líquidos y exigibles de más de 9 millones de euros que Carmen Abarca tenía a su favor, fueron transformados en deudas a largo plazo contra las sociedades del grupo, lo que resultó en una pérdida económica sustancial.
Este acto, también bajo el asesoramiento del querellado Francisco Javier Gómez, privó a Carmen Abarca de su derecho a cobrar esos créditos de forma inmediata.
TERCER ENGAÑO: VENTA DE PARTICIPACIONES Y MANIPULACIÓN DE DIVIDENDOS
En varias transacciones posteriores, argumenta la querella, Carmen Abarca vendió sus participaciones en diversas sociedades a precios extremadamente bajos, sin garantías adecuadas y con una manipulación de los dividendos pendientes de cobro.
Concretamente, vendió 473 participaciones en “Iniciativas de Gestión ACCT 2.010, S.L.” por 953.645,92 euros, cuando el valor de mercado era de 5.752.017 euros.
Vendió 3.138.150 participaciones en “Carpe Fatum Proyectos, S.L.” por 3.449.060 euros, cuando el valor de mercado era de 24.424.938 euros.
Asimismo, vendió 1.016.615 participaciones en “Alma Terra Mater, S.L.” por 5.143.513.06 euros, cuando el valor de mercado era de 84.372.399 euros.
Además, la mayoría del precio de venta se aplazó sin garantías, exponiendo a Carmen Abarca a riesgos financieros adicionales.
CARMEN ABARCA DESCUBRIÓ LOS ENGAÑOS A LA HORA DE PAGAR LOS IMPUESTOS
La querellante descubrió los engaños a la hora de preparar el pago de los impuestos devengados de esas transacciones.
La Agencia Tributaria en España exige que las transacciones de venta de participaciones se valoren a precio de mercado para efectos fiscales, no a valor contable o a precios irrisorios como en el caso de las ventas realizadas por Carmen Abarca, recuerda la querella.
Su nuevo abogado, José Luis Segado, encargó a la firma Broseta un análisis y evaluación de las contingencias fiscales derivadas de las participaciones. Concluyó que las ventas a precios “vilmente bajos” presentaba un riesgo significativo de liquidaciones paralelas y sanciones fiscales, haciendo las operaciones económicamente inviables y ruinosas.
En el mejor de los casos la cuota a pagar podría ascender a 13.925.584,52 euros, mientras que, en el peor escenario, incluyendo sanciones, podría llegar a 64.575.078,67 euros.
La cifra final percibida por Carmen Abarca había sido de 17.340.057 euros.
Por otra parte, el representante legal de la querellante, encargó a la firma auditora IPF un informe pericial sobre la venta de las participaciones en PME. El economista forense Andrés Ipiña Gosalbo sentenció que el valor de mercado de las participaciones en PME había sido de 33.376.595 euros.
La heredera había recibido solo 650.000 euros. Un valor porcentual menor de un 5.034,86 %.
En conclusión, la querella presentada por los abogados de Carmen Abarca revela una compleja trama de supuesta deslealtad profesional, fraude y manipulación financiera por parte de sus hermanos y el asesor legal Francisco Javier Gómez Gutiérrez sobre la que ahora tiene ya competencia la Justicia.