Alberto González Amador ha declarado este martes ante el Tribunal Supremo que la filtración del fiscal general del Estado le ha «destrozado públicamente» y le ha llevado a plantearse abandonar el país o quitarse la vida. Durante más de una hora, el empresario relató los perjuicios sufridos desde que Álvaro García Ortiz le calificara de «delincuente confeso», una expresión que, según denunció, fue repetida por el presidente del Gobierno, ministros y diputados.
La pareja de Isabel Díaz Ayuso protagonizó uno de los momentos más tensos de la segunda jornada del juicio contra el fiscal general. González Amador declaró como testigo y describió el calvario personal y profesional que asegura haber vivido desde la filtración del correo confidencial. «A través de la filtración del fiscal general del Estado, o me voy de España o me suicido; el destrozo personal, lo que me he tenido que gastar… Si sigue así, me escapo», afirmó con visible desesperación. El presidente del tribunal intervino de inmediato: «No le recomiendo eso; hable con su abogado, es el que mejor le puede asesorar en esas cosas».
El empresario explicó que su intención era resolver el caso tributario «rápido y sin ruido» para evitar afectar a su pareja. «No quería que perjudicara a mi pareja que nada tiene que ver con mi empresa, de hecho ni era pareja mía en esos momentos», aclaró. Señaló que actuó siguiendo el consejo de conformar, confiando en que «la Agencia Tributaria nunca ha filtrado datos», y esperaba cerrar el asunto sin repercusión, asegurando que no participó en los correos entre su abogado Carlos Neira y la Fiscalía.
González Amador relató que se enfadó profundamente al conocer la publicación. Su abogado trató de calmarlo, aunque le advirtió: «Tenemos un problema», ya que nunca imaginó que un correo con un fiscal se filtrara. El empresario describió las consecuencias con dramatismo: «Entre la nota de la Fiscalía y la publicación del mail yo pasé a ser el delincuente confeso del reino de España, estaba muerto, el fiscal García Ortiz me había matado públicamente, me había destrozado públicamente, ‘la presunción de inocencia se ha roto’, me decía el abogado».
El testigo denunció una persecución institucional tras las palabras del fiscal general. «Lo sostiene el presidente del Gobierno, ministros, delegado del Gobierno, diputados, periodistas… ejercen de BOE tras la condena que me había puesto el fiscal general», afirmó, destacando que esa calificación fue usada por Pedro Sánchez en el Parlamento sin que él hubiera admitido delitos fiscales. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, también señaló que «tras difundirse el email, ministros e incluso el presidente del Gobierno han llamado en sede parlamentaria a González Amador delincuente confeso, defraudador confeso… cuando él nunca ha dicho eso».
González Amador explicó que presentó una querella que dio lugar a la investigación de la UCO. Según dijo, esta investigación confirmó que «mi paranoia no era tal», al hallarse mensajes entre fiscales que hablaban del «caso Ayuso» y mostraban que «todo el cuerpo fiscal iba a por mí». El empresario detalló además las consecuencias económicas y personales sufridas, entre ellas la pérdida de financiación bancaria el 13 de febrero de 2024, días antes del escándalo.
Añadió que una empleada médica vinculada a su empresa no pudo comprar una vivienda por esa relación laboral y que perdió proveedores y clientes, además de sufrir la violación de su historia clínica, que ha anunciado denunciará. «Tengo daños familiares en los que no entraré», comentó. También recordó otro episodio: «Hace un año salió en prensa que había hecho obras ilegales, denuncié y el contencioso me dio la razón, 9.800 euros de condena al ayuntamiento, me pagaron 4.500 euros», relató, lamentando que ni siquiera esa victoria judicial evitara el daño a su reputación.