La aprobación de la reforma judicial en el Congreso ha dejado en evidencia la fragilidad de las fuerzas opositoras en México, según informa El Diario.
En un país de 130 millones de habitantes, los partidos de oposición parecen ser hoy meramente testimoniales, sin capacidad real para actuar como contrapesos en la vida democrática. Esta situación pone en riesgo la pluralidad y el equilibrio político tan necesarios para una democracia funcional.
En el seno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se vive un momento crucial de reflexión. La dirigencia de Alejandro Moreno ha llegado a su fin, y la Ley de Partidos Políticos es clara al respecto: “Una vez iniciado el proceso electoral, no se pueden modificar los estatutos de un partido”. Esta normativa ha impedido que el INE valide la reforma estatutaria que habría permitido la reelección de Moreno.
El fin de la dirigencia actual abre una oportunidad para el PRI de renovarse y reorganizarse internamente. La propuesta es seguir cinco pasos claves para esta transformación. El primero es que el Consejo Político Nacional debe elegir de inmediato una dirigencia provisional, conformada por personas de alta calidad ética y trayectoria política. Esta dirigencia transitoria será responsable de guiar al partido hacia una elección interna transparente y legítima.
El segundo paso exige que el Consejo Político Nacional que elija esta dirigencia provisional sea el mismo que existía antes de la polémica Asamblea Nacional del 7 de julio, la cual fue declarada ilegal. Aunque han pasado diez días desde la resolución del INE, dicho Consejo aún no ha sesionado, lo que representa una violación a los estatutos del PRI.
El tercer punto establece que la dirigencia provisional no puede durar más de noventa días. Tras este período, deberá convocar a elecciones ordinarias para elegir una nueva dirigencia que tendrá un mandato de cuatro años. El cuarto paso propone un proceso de consulta abierta a la militancia para elegir a los nuevos líderes del PRI, excluyendo a quienes ya han ocupado la presidencia nacional del partido.
Por último, la nueva dirigencia deberá convocar una verdadera Asamblea Nacional incluyente, donde se delibere y se trace un camino para refundar el partido. Solo a través de este proceso, el PRI podrá recuperar su conexión con la ciudadanía y aspirar a mantener su relevancia en las elecciones de 2027.
La insistencia de Alejandro Moreno en mantenerse en el poder ha generado tensiones internas, pues muchos acusan que antepone sus intereses personales sobre los del partido. Durante su gestión, no ha dado resolución a las impugnaciones presentadas en su contra, mientras que ha expulsado rápidamente a quienes critican su liderazgo. Su estrategia legal para recurrir al Tribunal Electoral ha sido criticada, ya que los precedentes legales no favorecen su reelección.
El Tribunal Electoral ha reiterado en varias ocasiones la prohibición de modificar los estatutos de los partidos políticos una vez iniciado el proceso electoral. Estas normativas buscan garantizar la certeza y transparencia en los comicios, y las excepciones solo se justifican en circunstancias extraordinarias, como la pandemia de COVID-19, lo que no es el caso actual del PRI.
Restaurar la legalidad interna del PRI es un paso indispensable para fortalecer no solo al partido, sino también a las oposiciones en México, cuya voz es crucial para garantizar la salud democrática del país.