La esposa de Sánchez es investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios
En un nuevo desarrollo judicial, el juez Juan Carlos Peinado ha instado a la Presidencia del Gobierno a entregar un listado detallado de todo su personal. Este requerimiento se enmarca dentro de la investigación sobre las actividades de Cristina Álvarez, asesora vinculada presuntamente a trabajos para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
La orden emitida por el magistrado especifica: “Requerir a Presidencia del Gobierno a fin de que aporte la relación de puestos de trabajo de los distintos trabajadores y asesores que desempeñan sus labores en el Palacio de la Moncloa”. Este documento, al que tuvo acceso 20minutos, se convierte en un paso clave dentro del proceso judicial.
Una semana antes de que Gómez comparezca nuevamente ante el tribunal, programado para el 18 de diciembre, el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha intensificado las diligencias. Esta comparecencia coincide también con la citación de Cristina Álvarez como testigo el próximo día 20, dado su presunta implicación en las gestiones vinculadas a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) mientras Gómez codirigía un máster en dicha institución.
Correos electrónicos incluidos en la causa muestran que integrantes de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense, como María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero, proporcionaron información a Álvarez sobre el registro de un dominio web para el máster. Aunque en algunas comunicaciones Álvarez utilizó una cuenta personal, también figura una dirección oficial de Presidencia del Gobierno, donde firmaba como directora de programas de la Secretaría General.
La causa también detalla que Álvarez notificó a Reale Seguros el interés de Begoña Gómez en mantener el patrocinio para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía. Este hecho ha llevado al juez a solicitar a la Complutense los expedientes relacionados con cualquier inscripción registral vinculada a esta cátedra.
Además, el juez ha pedido al exvicerrector Juan Carlos Doadrio Villarejo que entregue la documentación que mencionó conservar en su declaración previa. Para esta tarea, se le ha otorgado un plazo de cinco días.
Con estos movimientos, la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo se intensifica, buscando esclarecer el rol de los involucrados y las implicaciones de sus acciones.