La mayoría progresista del Tribunal Constitucional (TC) ha despejado este miércoles los últimos escollos de la deliberación sobre el recurso presentado por el PP contra la amnistía al ‘procés’, concluyendo que se trata de una ley constitucional, por lo que se espera que este jueves llegue la sentencia, avalando la polémica norma, según informan fuentes jurídicas a Europa Press.
Las fuentes consultadas indican que en la sesión plenaria de este miércoles los magistrados han estudiado si esta ley de amnistía respeta la Carta Magna y que la mayoría progresista ha concluido que así es, ventilando igualmente el último bloque, sobre las impugnaciones contra artículos concretos, por lo que se espera que en la última sesión, la prevista para este jueves, se formalice la votación de una sentencia que valide lo esencial de la ley.
Del escrito redactado por Montalbán, destaca que no habla del delito de malversación. Fuentes jurídicas explican que no lo hace porque el PP no lo pidió y que, lo más probable, es que haya que esperar a los recursos de amparo de los líderes independentistas para que el TC se pronuncie sobre este extremo.
Este punto es fundamental porque la interpretación que hizo el Tribunal Supremo (TS) del delito de malversación y de la afectación a los intereses financieros y económicos de la UE en el ‘procés’ es lo que ha impedido aplicar plenamente la amnistía al ex presidente catalán Carles Puigdemont y al que fuera su ‘número dos’, Oriol Junqueras.
El Tribunal Constitucional (TC) se ha adentrado de lleno en el estudio de la ponencia redactada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, para responder al recurso presentado por el PP, que avala lo esencial de la norma jurídica.
El debate se ha organizado por bloques temáticos, de acuerdo con las citadas fuentes. Ha comenzado analizando la petición del PP, del Senado y de los magistrados conservadores Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel que busca que el TC plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) al entender que la amnistía no tendría encaje en el derecho comunitario.
En el anterior Pleno, se analizaron dichas peticiones pero para descartar que el TC paralizara el debate sobre la amnistía a la espera de que el TJUE respondiera a las preguntas formuladas por otros tribunales españoles. Entonces, el cónclave emplazó a resolver el tema de fondo -si el TC planteará la suya propia- en el seno de las deliberaciones que arrancarán el lunes.
El Pleno estará constituido por 10 de los 12 magistrados que lo forman habitualmente, con una mayoría progresista de 6 a 4. Esta aritmética, que ha funcionado de forma asidua en este TC, lleva a las fuentes preguntadas a asumir que el grupo mayoritario se impondrá para aprobar la ponencia sin cambios de calado.
Cabe recordar que el magistrado Juan Carlos Campo se apartó voluntariamente de todos los asuntos relacionados con la amnistía porque en los informes que firmó como ministro de Justicia para indultar a los condenados por el ‘procés dijo que era «claramente inconstitucional».
A su baja se sumó la del magistrado conservador José María Macías, al aceptarse la recusación lanzada por la Fiscalía por entender que estaba contaminado para fallar sobre la amnistía porque como vocal del anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó sobre la ley en el marco del trámite parlamentario.
La salida de Macías provocó un profundo malestar en el bloque conservador que ha ido ‘in crescendo’. Las fuentes consultadas reprochan el «absoluto secretismo» con el que se gestó la ponencia de Montalbán, a pesar de que finalmente se dio a conocer su sentido en los medios de comunicación antes de que fuera repartida entre todos los magistrados.
Apuntan también a las sucesivos acuerdos adoptados por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, desoyendo las peticiones procedentes del sector minoritarío. En este sentido, recuerdan que primero descartó frenar la sentencia de la amnistía por el TJUE y después se limitó a habilitar lunes y viernes para este Pleno, cuando Arnaldo le pidió extender la deliberación a julio. Mientras que, del otro lado, ven en dichas solicitudes «maniobras dilatorias».
Con todo, el TC encara el debate sobre uno de los asuntos de mayor trascendencia de los últimos años –junto al ‘procés’ o el estado de alarma– totalmente fracturado. No hay «una auténtica deliberación», reprochó Arnaldo a Conde-Pumpido en un escrito.
La ponencia, de 191 páginas, valida la amnistía argumentando que «el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente», rechazando de esta forma que la prohibición expresa de los indultos generales pueda extenderse por analogía a la amnistía, sobre la que la Carta Magna nada dice.
Respecto a la motivación de la amnistía, que el PP achaca a «una transacción política para asegurar la investidura» de Pedro Sánchez, Montalbán subraya que las leyes siempre responden a «criterios de oportunidad política», de modo que «su porqué es jurídicamente indiferente». Pese a ello, resuelve que esta ley no es un «capricho» porque busca «mayor paz ciudadana».