Ayuso recurrirá ante el Supremo la regularización masiva de inmigrantes: «Afecta a la seguridad nacional y es más negocio para las mafias»

La Comunidad de Madrid alega que la medida del Gobierno central contraviene la normativa europea y carece de financiación para las autonomías

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prepara ya un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el reciente decreto de regularización de inmigrantes. Según el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, los servicios jurídicos madrileños consideran que la medida «afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos» al no incluir mecanismos de financiación ni provisión de medios para las comunidades que deben absorber la demanda.

Desde la Puerta del Sol se ha criticado duramente la gestión del Ejecutivo central, calificándola de «caos» migratorio. El consejero advirtió de que esta decisión provocará un «efecto llamada y más negocio para las mafias», además de traducirse en una posible «quiebra de la convivencia». Madrid sostiene que el decreto no solo impacta en la logística autonómica, sino que vulnera el marco legal de la Unión Europea y compromete la seguridad nacional.

Por el contrario, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió la urgencia de la regularización apelando a la sostenibilidad económica del país. Saiz argumentó que la falta de trabajadores extranjeros pondría en riesgo sectores clave, llegando a afirmar que «sin inmigrantes, más de 90.000 bares desaparecerían». Según los cálculos del Gobierno, una reducción drástica de la inmigración desplomaría el PIB un 22%.

Despliegue administrativo

Para ejecutar este proceso, el Ejecutivo ha diseñado un «plan operativo a la altura» que incluye una plataforma telemática disponible de forma ininterrumpida. Además, se habilitarán más de 450 oficinas presenciales para atender a los solicitantes con cita previa. Este despliegue administrativo tiene como objetivo facilitar la incorporación formal de miles de personas al sistema laboral y de seguridad social español.

La implementación física de esta medida comenzará de forma inminente, ya que las oficinas empezarán a recibir a los interesados a partir del próximo lunes, 20 de abril. Mientras tanto, la batalla legal en el Supremo marcará el pulso político entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la administración de Ayuso, evidenciando una vez más la profunda fractura en la gestión de las políticas de extranjería en España.