El gobierno libertario del presidente Javier Milei ha decidido no renovar los decretos que prohibían la venta al exterior de chatarra metálica desde el año 2009.
Según voceros oficiales, la medida busca fomentar el reciclaje, generar oportunidades para pequeñas empresas y abrir nuevos mercados internacionales. De esta manera, se podrá volver a vender chatarra al exterior, como no ocurría desde hace 15 años.
La medida ha sido anunciada por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de su cuenta de X.
“El presidente Javier Milei ha dicho en reiteradas oportunidades que el poder del Estado no se debe usar para redistribuir arbitrariamente ingresos entre los actores de un mercado. Por ello ayer decidimos no renovar los alcances de los decretos 1040/20 y 70/23 (no confundir con DNU 70/23) por el cual se había prohibido la exportación de desechos metales y no ferrosos”, señala el comunicado.
“Esta prohibición era nociva por varios motivos. Primero, porque al deprimir el precio local de los desechos desincentivaba el reciclado. Pero era nociva, sobre todo, porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía (por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior no podían exportarse). En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición”, continua el ministro.
La medida va en sintonía con la posición que ha tomado Argentina con el cuidado del medio ambiente y su retiro de los foros para el cuidado del mismo, asimismo, abrir el mercado al exterior para vender insumos minerales básicos
Por qué estaba prohibido
Los decretos 1040/2020 y 70/23, publicados durante la presidencia de Alberto Fernández, prorrogaron en su momento la suspensión de la exportación de nueve posiciones arancelarias, más que nada chatarra y desechos metalúrgicos del hierro, acero, cobre, aluminio y otros similares.
Entre los considerandos, las normas argumentaban que la industria siderúrgica argentina utilizaba desperdicios y desechos de hierro y acero como insumo, junto con el mineral de hierro, para la elaboración de acero y que, por razones estructurales, Argentina carecía de un abastecimiento fluido de chatarra de esos metales, por lo que “la industria siderúrgica veía afectado el aprovisionamiento de este insumo para su desenvolvimiento”.