'Alvise' declara ante el Supremo por la difusión de una PCR falsa

El eurodiputado y líder de SALF comparece en una de las tres causas abiertas por presuntos delitos de falsedad e injurias

Luis Alvise Pérez, eurodiputado y rostro visible del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), ha acudido este viernes al Tribunal Supremo para prestar declaración voluntaria en una de las tres investigaciones judiciales que tiene abiertas. En este caso, se le acusa de haber difundido un documento falso: una supuesta PCR del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, en pleno contexto de la pandemia, según una información publicada en Europa Press.

Pasaban las 9.15 horas cuando Alvise entraba en el Palacio de Justicia por la calle Marqués de la Ensenada, rodeado de medios de comunicación. “Gracias por venir. Un millón de votos y es la primera vez… Un saludo a todos los medios subvencionados de este país”, lanzó a las cámaras, fiel a su estilo provocador.

Investigación por documento falso

El caso se remonta al pasado 11 de abril, cuando el Supremo aceptó iniciar diligencias tras detectar “múltiples indicios fundados” de que el documento difundido era falso. El magistrado instructor, Javier Hernández, le ofreció declarar voluntariamente mientras se tramita la autorización del Parlamento Europeo, necesaria para investigar formalmente a un eurodiputado. La Fiscalía aprecia presuntos delitos de injurias y falsedad documental.

Esta es la primera vez que Alvise comparece ante el alto tribunal, después de haber plantado a la Audiencia Nacional en noviembre de 2023. En aquella ocasión, debía declarar por otra causa relacionada con una presunta financiación irregular de su partido, a raíz de una denuncia del empresario Álvaro Romillo (alias CriptoSpain), quien afirma haberle entregado 100.000 euros en mano. Ese procedimiento también ha sido trasladado al Supremo.

Mientras tanto, el líder de SALF mantiene su discurso contra lo que denomina “el sistema”, y continúa ganando protagonismo en la escena política y judicial. Su entrada en la Eurocámara, lograda con más de un millón de votos según sus propias estimaciones, no lo exime de rendir cuentas ante los tribunales.