El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cifrado en «más de 30 millones de euros» las pérdidas del comercio de la zona de Sol tras los 38 días de acampada. A través de la red social X, ha calificado la situación como «una nueva factura del sanchismo en Madrid».
La acampada, conocida como Acampada 26S, fue desalojada durante la madrugada del martes por efectivos de la Policía Nacional y la Policía Municipal. Tras la intervención, los servicios municipales han comenzado a trabajar para recuperar la normalidad en la céntrica Puerta del Sol.
Por su parte, la Delegación del Gobierno en Madrid ha defendido la actuación policial, que considera una medida de «último recurso», adoptada después de un «proceso de actuación gradual» ante los cambios registrados durante la protesta.
La institución explica que inicialmente se protegió el derecho fundamental de reunión al existir una «finalidad reivindicativa común». Sin embargo, sostiene que este derecho «no es ilimitado» y que las circunstancias de la acampada cambiaron después de más de un mes de permanencia.
Según la Delegación, las principales organizaciones participantes abandonaron la protesta y muchas de las personas que permanecían en el lugar eran personas sin hogar y colectivos vulnerables. Además, los incidentes y los presuntos hechos delictivos registrados en la zona generaron, según el organismo, un «peligro concreto para personas y bienes», lo que justificó finalmente el desalojo.