¿Acaso le falta espiritualidad a la justicia del Zulia?

…Yo no soy regionalista pero a mí Zulia lo quiero, porque se que es el primero de Venezuela en la lista…

«La justicia no es un privilegio de quienes ocupan los estrados, sino el derecho sagrado de todo aquel que clama por la verdad; cuando el hombre olvida que su poder es un servicio y no una posesión, pierde su alma y se aleja de Dios.» — Monseñor Roberto Lückert León, Arzobispo Emérito de Coro.

Sinopsis

Esta información está sistematizada y forma parte del acervo público. Además, se expone bajo el derecho que nos asiste sobre la contraloría social. El presente texto constituye un análisis doctrinario y de crítica forense fundamentado en hechos públicos, notorios y comunicacionales, debidamente documentados por la prensa nacional e internacional. El propósito de esta exposición es diseccionar las deficiencias procesales y los vicios en la praxis judicial que, habiendo sido objeto de intervención por parte de las autoridades competentes, requieren un examen crítico riguroso para la mejora de la administración de justicia. Este análisis se ampara en la exceptio veritatis, al basarse estrictamente en hechos reales y comprobables sobre el ejercicio de la función pública, sirviendo como insumo docente para la reflexión sobre la salvaguarda del debido proceso.

Preámbulo

Al zuliano le ha unido históricamente una vocación innegable por la excelencia, la decencia, la honestidad, la solidaridad y la hidalguía, características que se sintetizan en el aforismo propio de la antropología coloquial regional: el considerarse la «pepa ‘er queso». Esta expresión, que denota el orgullo de ocupar el lugar de mayor distinción, constituye el estandarte con el que el zuliano se proyecta ante el mundo. Tal idiosincrasia de preeminencia no es fortuita; se fundamenta en la identidad colectiva que, como bien proclamó Ricardo Aguirre en su gaita La Grey Zuliana, «el Zulia es la primera de Venezuela en la lista». Esta convicción trasciende lo geográfico para convertirse en el símbolo máximo de la autodeterminación del zuliano; un «escudo identitario» que el ciudadano exhibe cuando siente que sus valores, su cultura o su justicia pretenden ser avasallados por una visión contraria que, desde su perspectiva, no comprende la particularidad de su esencia.

Planteamiento del problema: la crisis de la estructura judicial zuliana (2024-2026)

Si bien es necesario reconocer que la intervención del sistema judicial, bajo el marco de lo que ha sido denominado como «revolución judicial», ha tenido un alcance nacional, este análisis se circunscribe exclusivamente a la realidad del estado Zulia y dentro del marco y contexto de los acontecimientos reseñados.  A los fines de este artículo, el foco se mantiene en la singularidad de la crisis zuliana, donde la magnitud de los hechos ha dejado al descubierto un desquiciamiento ético que trasciende la norma procesal.

Entre los años 2024 y 2026, el Palacio de Justicia de Maracaibo ha sido objeto de una intervención sistemática mediante operativos de reestructuración. Dicha intervención tuvo como eje central la aprehensión y destitución de funcionarios de alta jerarquía, incluyendo al entonces Presidente del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Pedro Velasco; las juezas Maurelys Vílchez y Maryorie Plaza; el Fiscal Superior del Ministerio Público en el Zulia, José Gregorio Rondón, así como diversos funcionarios adscritos a los tribunales con competencia en protección de niños, niñas y adolescentes, debido a la detección de irregularidades graves en el ejercicio de sus funciones.

La gravedad de estos acontecimientos fue documentada por una amplia red de fuentes: medios regionales como La Verdad, Versión Final, Noticia al Día, Radio Fe y Alegría y el Diario La Región; medios nacionales e internacionales como El Nacional, TalCual, Infobae, NTN24, CNN en Español, así como agencias de noticias extranjeras. Asimismo, la crisis fue objeto de seguimiento en portales de periodismo de investigación como Armando.Info y Runrun.es, además de una intensa actividad en X (Twitter) y Telegram. Finalmente, este registro fue robustecido por el análisis técnico de fuentes especializadas como el Foro Penal, Acceso a la Justicia, Transparencia Venezuela, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y la Comisión Internacional de Juristas, instituciones que han señalado, entre otras gravísimas causas, la ruptura de la cadena de custodia y el desmantelamiento de la institucionalidad judicial.

Crónica

Es precisamente bajo esta premisa de excelencia identitaria que debemos evaluar la administración de justicia en la región. Si el Zulia se asume como referente de honorabilidad, la justicia que se imparte en sus estrados debería ser el reflejo absoluto de esa categoría. Surge una interrogante ineludible: si el zuliano proyecta tamaña grandeza, ¿por qué la praxis judicial en la región no logra emular ese merecido honor? Resulta una dolorosa paradoja observar cómo quienes tienen el deber de administrar justicia parecen caminar en dirección opuesta a la esencia que define a su propia tierra, transformando el Palacio de Justicia en el epicentro de un vendaval de denuncias que deshonra la historia jurídica de este pueblo.

Resulta imperativo desentrañar los mecanismos que han permitido la erosión de los principios fundamentales del proceso penal en el estado Zulia. El epicentro de esta crisis ha sido la corrupción desenfrenada, materializada en constantes denuncias por extorsión, cohecho y fraude, las cuales han dejado en evidencia un desmantelamiento ético sin precedentes. La desfiguración de las instituciones responde a un diseño deliberado, donde intereses inconfesables han buscado contaminar los criterios excelsos de la justicia. La academia exige que todo proceso sea conducido bajo los estrictos parámetros del Estado de Derecho, pero lo que observamos a la luz de los hechos registrados,  es una claudicación absoluta ante la desidia y la ambición, dejando a la justicia de la región zuliana en un cuestionamiento demoledor sobre la integridad de sus jueces y fiscales.

La flagrancia ha sido instrumentalizada hasta convertirla en una caricatura procedimental. Es innegable que la celeridad es un valor esencial, pero esta nunca debe confundirse con la celeridad atropellada que sacrifica las garantías constitucionales ante actuaciones nada santas. La manipulación de los tiempos procesales, la desatención a las pruebas de descargo y la creación de expedientes carentes de base fáctica son síntomas de una metástasis institucional. El operador judicial debe comprender que su cargo no es para hacerse de una ingente fortuna que a la postre se le descubrirá por sus signos exteriores de riqueza.

La formación del juez y del fiscal requiere de un compromiso inquebrantable con el estudio constante y la actualización doctrinaria. Resulta alarmante observar jueces y fiscales cuyo actuar parece desprovisto de los conocimientos jurídicos que se presumen en todo egresado de las facultades de Derecho, revelando un olvido craso de la ética y de las lecciones fundamentales que debieron internalizar desde su ingreso al gremio. Un imperativo histórico demanda que estos funcionarios se sometan a un perfeccionamiento profesional constante, devolviéndole a la sociedad la confianza perdida en la administración de los tribunales zulianos.

Cuando el juez o el fiscal se apartan del sacerdocio que implica asumir un cargo de tal relevancia social —en el que se juega la imagen de estas instituciones, la honestidad y la pureza del proceso—, no solo traicionan su juramento de desempeñarse con rectitud e imparcialidad, sino que dejan de tener a Dios con ellos. Esto demuestra un analfabetismo espiritual y una incongruencia con la seriedad y trascendencia del cargo y el desempeño que se espera de ellos, exponiendo un rostro reprochable de la judicatura y la fiscalía. Estas conductas, que han sido el epicentro de las irregularidades detectadas durante los operativos de intervención, atentan contra la idiosincrasia del pueblo zuliano. La impunidad es una afrenta directa a la paz social, y no se puede permitir que el nombre de la región siga siendo manchado por actuaciones que desconocen la integridad y la ética.

Es hora de que el Zulia vea renacer en sus tribunales una nueva estirpe de jueces que recuperen el honor de la toga y el prestigio de Yépez y Baralt —nombres que, como evoca el Himno Regional, encarnan la luz del honor zuliano.

«El servicio público es un lugar donde no se permite la mentira; quien usa el poder para torcer el derecho le falta al pueblo y al Creador.» — Monseñor Luis Guillermo Vílchez, creador de Los Zagales del Padre Vílchez.

Este es el punto de inflexión necesario donde el alma de la ley debe reencontrarse con la espiritualidad del juzgador. Debemos cuestionar si la ceguera técnica y los ímpetus de corrupción no hayan sido, en realidad, una ceguera del espíritu. La justicia, sin esa conexión humana, es una cáscara vacía, un monumento a la corrupción que esconde, bajo sus ropajes, la más absoluta desolación ética. Solo recuperando esa integridad profunda podrán decir que son verdaderos servidores de la ley.

Los auténticos jueces y fiscales ennoblecen con su actuación la posición que ostentan cuando su ejercicio agrada a Dios, cuando es íntegra, cuando es ética, cuando es apegada a la ley y al derecho, y cuando en su desempeño entienden que el espíritu se enaltece con la honestidad, porque comprenden que su papel trasciende los muros del Palacio de Justicia y se cuidan de no quebrar el pacto social. La exposición que hoy hacemos mediante el análisis de hechos reales nace de un amor profundo por la institución, que nos impulsa a desear su depuración y fortalecimiento.

Urge la descontaminación del sistema. Que no queden metástasis. Así como urge dotar al cerebro de jueces y fiscales del conocimiento científico jurídico, para que el espíritu sea consecuente con la firma de una providencia, de una sentencia, de un auto o de una decisión que agrade a Dios. El conocimiento, cuando se pone al servicio de la justicia, se convierte en un arma formidable contra la arbitrariedad, capaz de iluminar hasta los rincones más oscuros de la opacidad judicial. Pero qué peligroso es el talento sin probidad, como bien dijo acertadamente El Libertador Simón Bolívar. Cuán devastador es para la justicia un juez o un fiscal con talento pero sin probidad, y peor aún, sin talento y sin probidad. La selección de jueces y fiscales debe ser una tarea de altura espiritual, ética y académica. Y en ello está comprometida también la salud mental.

Es menester fomentar una cultura de vigilancia donde cada juez y fiscal se convierta en un guardián celoso de las garantías constitucionales. La excelencia a la que aspira el zuliano debe ser el norte que guíe todas las actuaciones en el foro, teniendo como impulso la ética, el estudio, la academia y la honorabilidad.

El Zulia debe ser ejemplo, y para ello se necesita una judicatura y una fiscalía que estén a la altura de su historia. El zuliano no puede conformarse con menos que con la excelencia. La dignificación de la carrera judicial, junto con el ejercicio del Ministerio Público, constituye la piedra angular sobre la cual se debe construir el futuro de la justicia zuliana. Por lo que es imperativo que el juez y el fiscal se formen constantemente y respeten absolutamente la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo de Justicia. Su comportamiento como padres y madres de familia es trascendental para poder seleccionar a los mejores, no solo en formación académica sino también en formación espiritual.

Si la justicia zuliana logra elevar el estándar de actuación, impregnando cada acto con la ética que exige tan elevada posición social, se estará entonces en el camino correcto hacia una zulianidad más excelsa. La identidad zuliana exige no bajar la guardia y enarbolar banderas de academia, de rectitud y de saber jurídico a través del estudio.

Corolario: la exigencia de probidad psicológica

Como corolario, se hace imperativo el establecimiento de protocolos de evaluación psicológica obligatoria para todo aspirante y funcionario activo. Resulta vital la implementación de pruebas diagnósticas especializadas, tales como la Lista de Verificación de Psicopatía (PCL-R) del Dr. Robert Hare, orientada a identificar síndromes que pueden anular el buen juicio y la empatía necesaria para el ejercicio de la función pública. La justicia no puede quedar en manos de quienes, por trastornos latentes, carezcan de la fibra moral indispensable para juzgar a sus semejantes.

Finalmente, este análisis es un llamado a la conciencia. Que la excelencia y la hidalguía que siempre han definido la idiosincrasia zuliana sean el norte de la Fiscalía y del Poder Judicial de esta hermosa «Tierra del Sol Amada». Que el Palacio de Justicia deje de ser un espacio de sombras para convertirse en un recinto sagrado de la verdad, donde la ley sea aplicada con ética y ecuanimidad.

El Zulia es heredero de una tradición de lucha y orgullo; por lo tanto, se está obligado a honrar esa herencia con una labor intachable, con un profundo respeto por la dignidad humana, y con la férrea convicción de que el derecho es el camino hacia la paz.

«La justicia es como un templo que debe protegerse con manos limpias y corazón recto para no dañar la esperanza de un pueblo.» — Monseñor Gustavo Ocando Yamarte, creador de los Niños Cantores del Zulia.

Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario