Liderazgos, ideología y la memoria del poder

«La política es a menudo una cuestión de elegir entre males, donde el electorado, movido por la desesperanza, termina buscando refugio en la figura del redentor, olvidando que el poder sin contrapesos siempre devora a quien lo ejerce y a quien lo aplaude.» — Miguel de Unamuno

La reciente jornada electoral en Perú ha dejado al descubierto una fractura social profunda y persistente. Mientras la capital, Lima, se inclina por opciones que defienden el libre mercado y la estabilidad, el interior del país —especialmente las zonas populares y la geografía selvática— manifiesta un respaldo contundente hacia alternativas que, bajo promesas populistas, capturan el descontento de quienes se sienten olvidados. Como ejercicio de análisis sociológico, es vital comprender que estas dinámicas no responden necesariamente a una lealtad ideológica ciega, sino que son una respuesta adaptativa de las sociedades ante una crisis de representación donde las necesidades materiales insatisfechas dictan el voto. Cuando las instituciones fallan en su deber de proteger el mérito, la inversión y el desarrollo, surge la tentación de caer en el canto de sirenas de doctrinas que, como acertadamente señaló Winston Churchill, se convierten en la «filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia y la prédica de la envidia; cuya virtud inherente es la distribución equitativa de la miseria».

Es imperativo reivindicar la Cuarta República venezolana (1958-1998) no desde la óptica de la distorsión actual, sino como lo que fue: una cuna de democracia, de derechos humanos y de pensamiento brillante. Durante este periodo histórico, bajo el liderazgo de presidentes demócratas como Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi, Venezuela consolidó instituciones robustas, un sistema educativo de calidad y los mejores salarios de la región. Fue una era donde el ascenso social era una aspiración legítima y alcanzable, cimentada en la estabilidad jurídica y el respeto a la propiedad. Muchos de los que hoy critican dicho periodo fueron, paradójicamente, los beneficiarios directos de la formación y las oportunidades que ese sistema les brindó. Se vivía en una democracia donde el mérito era el motor del progreso; no obstante, una parte del electorado no supo valorar lo que poseía, despreciando un sistema que fue el padre generoso de sus oportunidades, para terminar sucumbiendo ante narrativas de envidia y resentimiento que solo han traído retroceso.

Desde una perspectiva académica, la nostalgia de algunos segmentos de la sociedad por figuras autoritarias —como Alberto Fujimori en Perú, Augusto Pinochet en Chile o Marcos Pérez Jiménez en Venezuela— es un síntoma inequívoco de un electorado que, habiendo perdido el norte tras años de desinstitucionalización y caos económico, busca desesperadamente un «orden» que en la Cuarta República venezolana se disfrutaba de manera natural. Analizar este fenómeno con la lupa de la sociología política no implica, en ningún caso, validar el autoritarismo ni los métodos de fuerza, sino reconocer el fracaso rotundo de las instituciones cuando estas permiten que el populismo desmantele la economía. La añoranza por la «mano firme» es, en esencia, un grito de auxilio de una ciudadanía que ha visto cómo sus libertades básicas han sido erosionadas, y que comprende, aunque sea de forma instintiva, que la democracia sin orden ni respeto a la ley termina siendo una ilusión vacía que condena a los pueblos al estancamiento y a la dependencia del Estado.

Este análisis no busca tomar partido, sino invitar a una reflexión crítica, necesaria para fortalecer las instituciones y defender los principios inalienables de una sociedad libre. El contexto electoral actual en Perú es una muestra clara de la complejidad de la política contemporánea, donde el electorado se ve compelido a evaluar visiones contrapuestas para intentar canalizar el anhelo de orden y progreso ante el avance de doctrinas que, invariablemente, conducen a la destrucción del tejido social. La tarea del académico y del jurista, ante esta realidad, es diseccionar los hechos sin prejuicios, advirtiendo que solo mediante el respeto absoluto a las garantías políticas y al marco normativo que organiza la convivencia, se podrá evitar que las sociedades sucumban ante la retórica que, lejos de redimir al ciudadano, termina por despojarlo de su autonomía, de su historia y de su futuro, entregándolo a un destino de miseria planificada.

«El poder no es un fin en sí mismo, sino un medio para el servicio. Cuando el gobernante olvida que su legitimidad nace de la dignidad del pueblo y no de la imposición de su voluntad, la historia termina por dictar una sentencia severa e inapelable.» — Gabriel García Márquez.

Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario