El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha pedido al Tribunal Supremo que abra una investigación sobre la filtración a la prensa de los vídeos de su declaración y la de otros implicados en el caso Delorme. En un escrito presentado este viernes, Ábalos denuncia que los medios de comunicación han tenido acceso a las grabaciones antes que su defensa, lo que, según él, alimenta un “juicio paralelo” en su contra.
Ábalos y su abogado se refieren a las declaraciones realizadas entre el 12 y el 17 de diciembre por el propio exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Según su defensa, estas filtraciones han provocado que las imágenes sean difundidas en televisión y prensa antes de ser entregadas a las partes implicadas. “Quien primero debe tener conocimiento de estas grabaciones son el Ministerio Fiscal y las partes personadas, no los medios de comunicación”, señala el escrito.
En la red social X, el exministro socialista lamentó que incluso su solicitud de investigación haya sido filtrada a los medios antes de llegar al magistrado instructor, Leopoldo Puente. Ábalos insiste en que las filtraciones, que califica como constantes desde el inicio de la causa, tienen como objetivo desacreditarlo personal, social y políticamente.
Paralelamente, Ábalos ha presentado un recurso de súplica ante el Supremo en el que pide la nulidad de la investigación. Su defensa argumenta que el TS tramitó el suplicatorio al Congreso sin dar tiempo para recurrir esta decisión, vulnerando así su derecho a la inmunidad parlamentaria como diputado.
El recurso alega, además, que el exministro fue objeto de una investigación presuntamente ilegal por parte de la Guardia Civil, que interceptó un sobre dirigido a él sin contar con autorización para investigarlo debido a su condición de aforado. Según Ábalos, este hecho representa una “vulneración a la tutela judicial efectiva”.
La acusación popular, ejercida por el Partido Popular, se opone a las peticiones de nulidad de Ábalos. En su escrito, el PP defiende que el exministro no ha sido objeto de medidas que vulneren sus derechos fundamentales y que su condición de diputado ha sido respetada en todo momento.
Para los populares, el aforamiento “no puede servir como escudo para ignorar indicios de participación en hechos delictivos”. Además, sostienen que, aunque se declarase ilícita alguna actuación, ello no debería invalidar las pruebas obtenidas de manera independiente. “No es la finalidad del aforamiento ni de la inmunidad parlamentar proteger a los responsables de posibles actos delictivos”, concluyen.
El caso Delorme sigue siendo motivo de controversia, con enfrentamientos legales entre las partes y crecientes acusaciones sobre la gestión de la investigación. La decisión del Supremo sobre estas peticiones será clave para determinar el futuro del procedimiento judicial.