El juicio a Shakira por presunto fraude fiscal de 14.5 millones de euros a Hacienda, que podría conllevar una condena de ocho años y dos meses de prisión para la artista, se iniciará el próximo lunes en la Audiencia de Barcelona. La cantante está acusada presuntamente de seis delitos contra Hacienda entre 2012 y 2014.
Durante el proceso, la cantante deberá asistir al menos el primer día y, eventualmente, cuando le toque declarar, opción que podrá elegir ejercer o declinar. Su declaración está prevista al inicio del juicio después de las cuestiones preliminares, aunque su defensa podría solicitar un cambio en este orden.
Usualmente, las defensas prefieren posponer la declaración del acusado para el final del juicio, permitiendo así replicar a todas las pruebas presentadas en su contra. Inicialmente se prevé que sea en la apertura de la vista.
El tribunal considera que el juicio se prolongará durante 12 sesiones, desde el lunes 20 de noviembre hasta el jueves 14 de diciembre, durante las cuales 117 testigos y ocho peritos responderán a preguntas de la defensa, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Generalitat.
Entre los testigos convocados se encuentran trabajadores que prestaron servicios a Shakira en Barcelona, incluyendo centros de estética, peluquerías, bares, hoteles y restaurantes. También figuran su conductor personal, dos ginecólogos, sus instructores de zumba y fitness, así como su estilista.
En el juicio también se presentarán vecinos de las residencias de Shakira en Cataluña, porteros y personal de mantenimiento. Además, han sido citados empleados de Live Nation España y, por solicitud de la defensa de la artista, Afo Verde, CEO de Sony Music en América Latina, y Amanda Ghost, presidenta de la compañía.
A propuesta de Shakira, darán testimonio su hermano y mánager, su coreógrafa, su terapeuta, su peluquera, su estilista, sus managers, su productor y su ex pareja, Antonio de la Rúa Pertiné, con quien mantuvo una relación antes de su matrimonio con el futbolista Gerard Piqué.
Shakira está acusada de presuntamente cometer seis delitos contra Hacienda entre 2012 y 2014. Además de la posible pena de prisión, la Fiscalía demanda una multa de 23,8 millones de euros para la artista.
Los impuestos que supuestamente defraudó incluyen el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 12.371.197 euros y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) 2.191.771 euros, sumando un total de 14.562.968 euros entre ambos.
El fiscal sostiene que Shakira habría utilizado un complejo entramado de quince sociedades registradas en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo. Estas entidades habrían supuestamente designado sus ingresos y propiedades a su nombre en lugar de ser titulares de los mismos, con la supuesta intención de «ocultar» sus ingresos a la Agencia Estatal Tributaria y a la Agencia Tributaria de Cataluña.
Antes del proceso penal, Shakira reembolso 17.2 millones de euros que Hacienda le reclamaba por impuestos no pagados en su momento. La Fiscalía considera esta acción como una atenuante de reparación del daño.
El equipo legal ha destacado este reembolso para afirmar que «no hay ninguna deuda pendiente con Hacienda desde hace muchos años».
La defensa argumenta que este caso representa «una violación total de sus derechos», ya que la artista siempre ha mantenido una conducta ejemplar tanto como persona como contribuyente.
La Fiscalía y la defensa exploraron la posibilidad de llegar a un acuerdo que evitara el juicio, aunque las conversaciones no prosperaron, confirmó la defensa de la cantante durante este verano. No obstante, aún hay margen para llegar a un pacto antes del inicio del juicio.
La artista se enfrenta a este juicio cuatro meses después de que saliera a la luz su segunda causa por presunta evasión fiscal, investigada en los tribunales de Esplugues de Llobregat (Barcelona). En esta nueva causa, la Fiscalía reclama un pago pendiente de 6.686.502 euros por la declaración de impuestos correspondiente al año 2018, referente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y al Impuesto sobre el Patrimonio.