Un tribunal decide la indemnización por el cierre ilegal de la BPA

Gobierno de Rajoy cerró la entidad en venganza porque no le facilitó las cuentas de líderes secesionistas

La Audiencia Nacional analiza la demanda de los accionistas de la Banca Privada de Andorra (BPA) contra la decisión del Gobierno de Rajoy de intervenir en 2015 el Banco de Madrid, situado en la capital de España y filial de la BPA. El Gobierno de Rajoy cerró el banco poco antes de que su homólogo de Andorra hiciera lo mismo con la matriz, y todo por una nota que emitió una agencia de EE UU que sugería que se blanqueaba dinero en Andorra, y que lo mismo se hacía en el Banco de Madrid.

Las denuncias de la Fiscalía Anticorrupción por este motivo terminaron en diferentes juzgados. Todos ellos han cerrado las denuncias porque no existió ningún delito. Desde entonces, pelean los accionistas porque se les restituya de los daños y perjuicios ocasionados: 141 millones de euros. El revuelo formado por la intervención hizo cundir el pánico y la BPA, ya en manos políticas, se derrumbó. También el Banco de Madrid. Con más de 14.000 depositantes, la entidad era la segunda más rentable de Europa (pero hoy, bajo gestión pública, acumula una deuda de 500 millones).

Los jueces tienen que decidir en cuánto indemnizan a los accionistas. La justicia ya ha dicho que no hubo ningún delito, ahora la justicia civil debe determinar en qué cantidad tiene que resarcir el Estado a las víctima de este atropello económico. A esta errática decisión coadyuvaron decisivamente circunstancias exógenas identitarias, el procés catalán.

El Gobierno de Rajoy no actuó porque tuviese un informe serio que supuestamente indicase irregularidades en Banco de Madrid. Lo cerró como venganza del Gobierno español hacia la BPA en general, por haberse negado esta a facilitarle las supuestas cuentas de líderes secesionistas (Pujol, Junqueras…) que había en la BPA andorrana. Tales cuentas sí existían, pero en la banca rival del And Bank, pero esta no se investigó porque, además de los secesionistas, peligraba la cabeza del emérito, que tenía un depósito allí.

A través de la embajada de España en Andorra se advirtió al CEO de la BPA que, o facilitaba las cuentas citadas o sería intervenido. Lo que a la postre sucedió. Y ese fue el simple motivo, adobado, además, por la policía patriótica. Es decir, la policía dio información falsa sobre la BPA a colegas de la CIA para que estos intoxicasen a la agencia antiblanqueo de EE UU (el FinCent) y este, a su vez, emitiese una nota que alertaba de blanqueo en el Principado. Nada era verdad, pero el cuantioso daño patrimonial se hizo.

Todo este desbarajuste de desinformación llevó a cerrar el banco, y también se llevó por delante el patrimonio de los accionistas, ajenos a estos tejemanejes.

Los magistrados José Luis Gil Ibáñez, Margarita Pazos Pita y Fátima de la Cruz Mera, de la Sección Sexta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, decidirán, pues, hoy cómo hay que indemnizar al Banco de Madrid, otra víctima inocente de la Operación Cataluña.