Pedro Sánchez volvió este sábado a su comodín favorito. En Onda Cero, ante Julia Otero, presumió de haber planteado un debate respetuoso en el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. Habló de argumentos «veraces» frente a los bulos. Y vaticinó que el PP tendrá que reflexionar después del 29 de noviembre sobre una oposición «destructiva» basada en «insultos y bulos». Bulo es ya la palabra con la que el presidente despacha todo lo que le incomoda. Las causas judiciales de su entorno, los datos que no le cuadran, las hemerotecas que le persiguen.
El problema es que los hechos no le acompañan. Las verificaciones del debate dan por ciertos buena parte de los datos con los que Feijóo le acorraló. Esas mismas verificaciones señalan como falsas o engañosas varias afirmaciones del propio Sánchez. Y su trayectoria está sembrada de compromisos solemnes que acabó cumpliendo exactamente al revés.
Los 276.000 desahucios que Feijóo le echó en cara son ciertos. El Consejo General del Poder Judicial registra 276.897 lanzamientos desde el tercer trimestre de 2018. Eso sí, han bajado más de un 60% respecto a la década anterior. También es real que la cesta de la compra se ha encarecido en torno a un 43%. Alimentos y bebidas han subido un 42,8%, frente al 28,6% del IPC general.
España encabeza además la pobreza infantil en la UE, con un 33,8% de menores en riesgo de pobreza o exclusión frente al 24,3% de media. Es el tercer país de la Unión que más ha subido la presión fiscal, hasta el 38,1% del PIB. Y las infracciones penales han crecido un 18,7% entre 2018 y 2026, mientras los homicidios consumados pasaban de 227 a 362.
Tampoco son bulos la condena de Ábalos a 24 años de prisión, la del fiscal general del Estado o la del hermano del presidente. Ni el juicio con jurado a su esposa, la imputación de Zapatero o la de la gerente del PSOE. Son resoluciones judiciales. Y llamarlas bulo no las convierte en mentira.
Feijóo no salió indemne del examen. Los verificadores le marcaron como falso que Sánchez esté imputado por financiación irregular, porque no lo está. También que la ley del solo sí es sí excarcelara a 1.400 violadores: las excarcelaciones fueron al menos 126, sobre más de 1.200 rebajas de pena. Y la frase que atribuyó al vicepresidente Carlos Cuerpo sobre que el sistema de pensiones iba a «petar». Pero de ahí a sostener que todo lo que dice el líder del PP es bulo hay un trecho que Sánchez salta sin mirar.
El presidente que exige veracidad fue pillado en el mismo debate. Presumió de haber construido «un millón de viviendas» en ocho años. Entre el tercer trimestre de 2018 y el segundo de 2026 se terminaron 719.602, de las que el 14% son protegidas. Otros recuentos las dejan en 693.676. También aseguró que ha subido a los pensionistas «6.000 euros la pensión al año». Es falso: esa es la subida acumulada en todo el periodo, no la de cada año.
Prometió blindar 19.000 millones para el mantenimiento y la seguridad de la alta velocidad. Tampoco es cierto, porque su programa destina esa cifra a toda la red ferroviaria. Acusó al PP de llevar en su programa elevar el gasto en defensa al 5% del PIB, algo engañoso: el programa no lo recoge. Y volvió a negar que su Gobierno rebajara las penas por malversación, cuando la reforma del Código Penal de 2022 sí las rebajó en algunos supuestos.
«Con Bildu no vamos a pactar. Si quiere se lo repito cinco o veinte veces». Bildu fue después socio de investidura y de legislatura, y el PSOE le facilitó la alcaldía de Pamplona.
«Ni yo ni el 95% de los españoles dormiríamos tranquilos con Podemos en el Gobierno». Meses después, Pablo Iglesias era su vicepresidente.
«Me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española», dijo de Carles Puigdemont en el debate electoral de noviembre de 2019. Cuatro años más tarde, Sánchez pactaba con el partido de Puigdemont la ley de amnistía que le garantizó la investidura.
La amnistía «no entra en la legislación ni en la Constitución», sostenía en noviembre de 2022. Un año después la negoció a cambio de seguir en La Moncloa.
Prometió que la reforma de la malversación no rebajaría las penas por corrupción. Las rebajó en algunos supuestos.
De Ábalos, su número dos en el partido y en el Gobierno, llegó a decir que era «un gran desconocido» para él. La Moncloa precisó después que se refería al plano personal.
Y en octubre de 2025 aseguró que en el PSOE no había financiación irregular: «Puedo garantizarlo». Hoy un juez de la Audiencia Nacional analiza seis cuentas bancarias del partido y la UCO rastrea sus pagos en efectivo. Eso sí, ni el PSOE ni Sánchez están imputados.
Sánchez tiene derecho a desmentir lo que considere falso, y los verificadores le han dado la razón en algunos puntos. Lo que no puede es usar la palabra bulo como escudo para todo. Ni para las sentencias que condenan a los suyos, ni para los datos de desahucios, precios o pobreza que no le favorecen. Tampoco para su propia hemeroteca. Quien ha hecho de la palabra dada un material de usar y tirar no está en la mejor posición para repartir carnés de veracidad. Y menos a ocho días de unas elecciones.