Amnistía Internacional eleva a 50 las agresiones a migrantes en Ceuta por parte de militares, policías y guardias civiles

La organización documenta 28 nuevos episodios de violencia, incluidos 13 casos contra menores, y alerta de la desprotección de cientos de jóvenes que duermen en las calles

Amnistía Internacional (AI) ha elevado a 50 los casos de presuntas agresiones cometidas por personal militar y fuerzas de seguridad contra personas migrantes en Ceuta desde el pasado 30 de julio. La organización ha sumado 28 nuevos episodios a los 22 denunciados en septiembre y advierte de que los abusos continúan de forma «persistente», incluso después de que el Ministerio de Defensa anunciara una investigación interna. De los nuevos casos, 22 se atribuyen a militares, seis a la Policía Nacional y uno a la Guardia Civil.

La ONG ha denunciado un patrón de violencia que incluiría golpes con porras, patadas, puñetazos, descargas con armas Taser y rociadas con espray de pimienta. A través de testimonios y partes médicos, ha documentado fracturas, traumatismos craneoencefálicos y otras lesiones. Entre los relatos recogidos figura el de un hombre que aseguró haber recibido descargas eléctricas mientras dormía: «Me mareé, vomité y me desvanecí, pero nadie me llevó al hospital». También ha denunciado humillaciones, robos y agresiones que habrían provocado lesiones graves.

Abusos contra 13 menores

Especial preocupación suscita la situación de los menores migrantes no acompañados. Amnistía Internacional ha documentado abusos contra 13 menores y calcula que al menos 500 continúan durmiendo en las calles de Ceuta, sin alimentación adecuada y expuestos a diferentes formas de violencia. Los testimonios recogen golpes, amenazas y destrucción o robo de teléfonos y documentos para dificultar el contacto con sus familias y la presentación de denuncias.

La organización también ha alertado de la «criminalización» de las entidades humanitarias que trabajan en la ciudad autónoma. En particular, ha criticado el registro judicial de la sede de No Name Kitchen, realizado el 22 de octubre, y la apertura de un procedimiento penal por un presunto delito de organización criminal. AI considera que esta actuación contrasta con la falta de avances en la investigación de las denuncias de malos tratos. «Criminalizarles es impedir que trabajen y dejar aún más desamparados a quienes ya se encuentran en una situación precaria», ha señalado.

Cese de los ataques

Ante esta situación, Amnistía Internacional reclama el cese «inmediato» de las agresiones, amenazas, humillaciones y posibles prácticas de perfilamiento racial contra las personas migrantes. También pide protección para quienes denuncien los abusos, el cierre de la investigación contra No Name Kitchen y garantías para que periodistas y organizaciones humanitarias puedan desarrollar su trabajo. La entidad ha enviado una carta a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Defensa para exigir medidas y conocer el estado de la investigación anunciada, aunque asegura que todavía no ha recibido respuesta.