La Policía Judicial y la UCO desmontan ante Pedraz la versión del DAO sobre las filtraciones que dieron pie a dos investigaciones internas

La documentación remitida al juez sostiene que Llamas abrió expedientes contra los investigadores cuando ya le habían explicado que la unidad no había filtrado nada

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha incorporado a la causa del caso Leire Díez un informe del general Alfonso López Malo, jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil, y tres documentos de la Unidad Central Operativa (UCO) que contradicen la versión del director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, sobre las dos informaciones reservadas abiertas contra los investigadores de la unidad en noviembre de 2024 y mayo de 2025.

Una providencia de este jueves, 29 de octubre, ordena incorporar la documentación a las actuaciones y dar traslado de ella a la Fiscalía y al resto de las partes personadas.

El informe responde a un requerimiento que el instructor dirigió a López Malo el pasado 6 de octubre para aclarar tres cuestiones: si existieron mensajes de WhatsApp entre ambos mandos sobre la primera investigación interna; cómo se explicaba la supuesta contradicción que la defensa del DAO apreciaba en unas conversaciones sobre los dispositivos intervenidos a Koldo García; y si la UCO había desmentido por iniciativa propia, a través de su oficina de prensa, haber filtrado las conversaciones entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez.

El DAO declaró como investigado en esta causa ante Pedraz.

La primera investigación interna y los avisos previos al DAO

La primera información reservada, identificada como 1/2024, se abrió a raíz de una publicación de OKDiario del 29 de noviembre de 2024. La noticia incluía una tabla con tres correos electrónicos intercambiados entre Begoña Gómez y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, desde una cuenta de Presidencia.

López Malo ha aportado capturas de los mensajes que envió al DAO aquel mismo día. A las 16:00 horas le remitió una primera nota de despacho y, a última hora de la noche, una segunda comunicación más detallada.

En esta última explicaba que la tabla se había generado automáticamente el 6 de septiembre de 2024 mediante una herramienta de análisis de la UCO, al aplicar el filtro «sin etiqueta» a los correos correspondientes a 2018 y 2019.

También aclaraba que la tabla formaba parte de un documento de instrucciones dirigido exclusivamente a la jueza de Badajoz y que había sido la propia magistrada quien decidió facilitarlo a las partes del procedimiento.

Pese a recibir estas explicaciones, el DAO respondió a las 23:16 horas con un mensaje en el que anunciaba su intención de abrir una investigación interna: «Mañana ordenaré hacer una información reservada».

Las reuniones con la cúpula de la Guardia Civil

El informe de la UCO sobre este primer expediente reconstruye, además, varias reuniones anteriores entre los responsables de la unidad y la cúpula de la Guardia Civil.

El 12 de julio de 2024, los máximos responsables del Instituto Armado convocaron al jefe de la UCO a la Dirección General después de que ABC publicara una información sobre una petición de los investigadores a la jueza de Badajoz.

Según el relato recogido en la documentación, el director general calificó aquella solicitud de «malintencionada y prospectiva» y ordenó que el informe estuviera terminado el viernes siguiente y concluyera «que no había nada».

Cuatro días después, el 16 de julio, el DAO mantuvo una reunión en la sede de la UCO con los responsables de la investigación relacionada con David Sánchez.

De acuerdo con el documento, Llamas les trasladó que «nos usan» como ariete contra el Gobierno, aunque no concretó a quién se refería.

También señaló que el ámbito judicial era el que menos controlaba el Ejecutivo y manifestó que consideraba una deslealtad no recibir información sobre los avances de determinadas investigaciones.

Según la UCO, el DAO instó a los agentes a «ponerse de perfil» en esta y otras causas con implicaciones políticas, a evitar iniciativas propias y a dejar que fuera el juez quien impulsara las pesquisas. Asimismo, ordenó recibir diariamente información sobre las novedades de las investigaciones.

La unidad comunicó estas reuniones a la jueza el 12 de septiembre de 2024. Cuando los investigadores fueron citados a declarar en diciembre dentro de la información reservada, la magistrada les ordenó no revelar datos de la causa.

Según el informe, la jueza recordó que determinar si una persona o un elemento resulta ajeno a una investigación es una decisión jurisdiccional que corresponde exclusivamente al órgano judicial. Además, consideró que la situación suponía una injerencia en esa potestad.

La UCO destaca que el general encargado de instruir el expediente terminó cerrándolo con los mismos dos argumentos que ya se habían comunicado al DAO el 29 de noviembre: que la tabla había sido generada por una herramienta informática y que fue la jueza quien entregó el documento a las partes.

La segunda información reservada por los mensajes de Ábalos y Sánchez

La segunda información reservada se abrió el 12 de mayo de 2025, después de que El Mundo publicara conversaciones de WhatsApp entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez.

La defensa del DAO sostenía que López Malo había incurrido en una contradicción al afirmar, por un lado, que no había «nada relativo a los dispositivos» mencionados por Ábalos y, por otro, que la UCO estaba revisando el material de la operación Delorme para comprobar si contenía los mensajes publicados.

El general rechaza esa interpretación y sostiene que ambas afirmaciones se referían a cuestiones diferentes.

La primera hacía referencia a la supuesta entrega de un dispositivo a Ábalos, algo que, según explica, nunca ocurrió, pese a que el DAO estaba convencido de lo contrario.

La segunda aludía a una comprobación adicional realizada por la UCO a petición insistente del propio DAO, aunque la unidad ya había comunicado en varias ocasiones que no disponía de aquellas conversaciones.

Los documentos también reconstruyen los acontecimientos que precedieron a esta segunda investigación.

El 21 de diciembre de 2024, la UCO consiguió descifrar un disco duro intervenido en el domicilio de Koldo García. El dispositivo contenía 2,7 terabytes de información y carpetas relacionadas con Ábalos, aunque los archivos llegaban únicamente hasta octubre de 2021.

Ese mismo día, según consta en su declaración judicial, el DAO escribió a la directora general de la Guardia Civil: «Hemos encontrado uno de ellos».

Meses después, durante la noche del 10 de mayo de 2025, Llamas pidió comprobar cuándo se había devuelto aquel dispositivo a Ábalos.

López Malo respondió que no existía ningún escrito remitido al juzgado que acreditara esa entrega. Según la captura aportada, el DAO contestó: «¡¡Joder!! Entonces, ¿de dónde saqué eso?».

La UCO descarta que los mensajes salieran de sus dispositivos

Ya en la madrugada del 11 de mayo, el DAO reenvió la portada de El Mundo y solicitó que se comprobara si la UCO era la única que tenía acceso a los mensajes publicados.

Para realizar esa comprobación se creó un equipo que revisó las evidencias disponibles durante aquella mañana. El resultado fue negativo.

Sin embargo, antes de conocer las conclusiones de esa revisión, entre las 11:30 y las 12:00 horas, el DAO citó en la cafetería de la Dirección General al general de Armas, Explosivos y Seguridad para encargarle la apertura de una información reservada.

Aquella misma noche, El Mundo publicó mensajes fechados en 2023, posteriores al periodo que abarcaba el contenido del disco duro intervenido a Koldo García. Según la UCO, esa circunstancia hacía «materialmente imposible» que las conversaciones procedieran de dicho dispositivo.

El 14 de mayo, el propio DAO comunicó a López Malo que tenía claro que la filtración no había salido de la UCO.

Pese a ello, el instructor continuó con las actuaciones e incluso planteó entrevistarse con los magistrados responsables de la causa.

El 20 de mayo, el magistrado instructor del Tribunal Supremo le advirtió «de forma tajante» de que, si se abría la información reservada, procedería contra él y contra quien hubiera ordenado su apertura.

Cinco días después, el DAO ordenó cerrar el expediente. Los mensajes aparecieron finalmente en junio de 2025, durante el registro del domicilio de Ábalos.

Según el informe de la UCO, una persona que convivía con el exministro intentó abandonar la vivienda con un disco duro oculto en el pantalón.

La unidad sostiene que este hallazgo demuestra que no pudo filtrar «unos mensajes que ni siquiera estaban en su poder».

El desmentido que la UCO asegura que nunca realizó

La tercera cuestión planteada por Pedraz se refiere a un supuesto desmentido de la UCO sobre las informaciones publicadas por la Cadena SER.

La defensa del DAO presentó como documento número 15 unos mensajes de WhatsApp que, según su escrito, López Malo había remitido a Llamas el 13 de mayo de 2025 y que acreditarían que la unidad desmintió por iniciativa propia aquellas publicaciones.

El jefe de Policía Judicial niega esa versión. Asegura que ni él ni la UCO emitieron ningún desmentido y precisa que fue el DAO quien le reenvió la noticia a las 8:23 horas de aquella mañana.

«No es cierto, por tanto, lo que consta en el escrito de la representación procesal del DAO», afirma López Malo en su informe.

Esta explicación coincide con la documentación elaborada el pasado 26 de octubre por la Oficina Periférica de Comunicación de la UCO, que confirma que no difundió ninguna nota ni comunicado para confirmar o desmentir aquellas informaciones.

La causa que instruye Santiago Pedraz investiga una presunta trama relacionada con la exmilitante socialista Leire Díez.

Entre los hechos investigados figuran supuestas maniobras destinadas a desacreditar a mandos de la Guardia Civil y miembros de la Fiscalía, unas actuaciones que quedaron incorporadas a este procedimiento después de que un juzgado de Madrid se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional.