¡Políticos, por favor, dejad en paz a la difunta Maricarmen en vuestras peleas por el voto!

La muerte de Maricarmen tras su desahucio reabre el debate sobre la responsabilidad de las administraciones y la necesidad de proteger a las personas vulnerables antes de que sea demasiado tarde

Maricarmen, 87 años. Más de siete décadas en su casa. Un desahucio ejecutado el 23 de septiembre. Quince días hospitalizada. Y un acuerdo para regresar a su vivienda cuando ya era demasiado tarde. Ha muerto.
Hoy no corresponde buscar culpables fáciles. Corresponde hacer preguntas difíciles.

¿Quién tenía que actuar antes? ¿El Gobierno? ¿La Comunidad de Madrid? ¿El Ayuntamiento? ¿La propiedad? ¿Los servicios sociales? ¿La Justicia? ¿Todos y ninguno?

Jurídicamente, la respuesta exige rigor. El artículo 47 CE obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna. El artículo 148.1.3.ª atribuye a las Comunidades Autónomas competencias en vivienda y el 149.1.6.ª reserva al Estado la legislación procesal.

la Ley 12/2023, del derecho a la vivienda, no dejó el problema sin instrumentos jurídicos: contempla la especial vulnerabilidad y refuerza las garantías en los procedimientos de desahucio, entre ellas las previstas en el artículo 441 LEC.

Entonces, ¿qué falla cuando el Derecho existe, pero la solución llega después?

¿Faltan normas? ¿Faltan recursos? ¿Falla la coordinación administrativa? ¿Falla la prevención? ¿O sencillamente reaccionamos cuando el caso ya se ha convertido en noticia?

Y queda otra pregunta, inevitablemente política:
¿Quién intentará ahora sacar rédito de la muerte de Maricarmen?
Habrá comunicados, manifestaciones, reproches y fotografías. Unos señalarán al Gobierno. Otros a la Comunidad. Otros al Ayuntamiento.

Otros a la propiedad. Pero sería demasiado sencillo convertir a una mujer de 87 años en un argumento electoral.

El verdadero examen empieza ahora. Porque si después de Maricarmen vuelven los decretos, las reformas, las promesas y las mesas de negociación, tendremos que preguntarnos algo elemental:

¿Se pretende resolver el problema o gestionar sus consecuencias?
Una sociedad democrática no debería necesitar una tragedia para activar sus mecanismos de protección.

Y un Estado de Derecho no puede conformarse con llegar a tiempo para explicar lo ocurrido.

Debe llegar a tiempo para evitarlo. Maricarmen no puede volver a su casa.
Pero todavía podemos decidir si su muerte será una anécdota política más o el punto de partida de una respuesta jurídica, social e institucional que llegue antes de la próxima puerta cerrada.

Desde Flores y Asociados: nuestro respeto a Maricarmen y a su memoria.
Y una última pregunta, quizá la más importante:
¿Hemos aprendido algo?

Juan Antonio Rodríguez Flores, jurista y CEO de Flores & Asociados