El ex jefe de Plus Ultra entrega al juez que investiga a Zapatero los correos con la SEPI y admite que son falsos los contratos de ‘préstamos puente’ de Suiza

El juez Calama remite a la UDEF 640 folios con la trastienda del rescate de 53 millones junto a los audios de las declaraciones de la antigua cúpula de la aerolínea y de Julio Martínez Martínez, socio y testaferro de Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha incorporado a la causa de Plus Ultra la documentación que el 24 de septiembre aportaron el exconsejero delegado Roberto Roselli y el expresidente Julio Martínez Sola, ambos investigados. En una providencia del 1 de octubre, notificada este viernes, ordena enviarla a la UDEF junto con los audios de sus declaraciones y la de Julio Martínez Martínez.

El paquete reconstruye desde dentro cómo se tramitó la ayuda del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Contiene los correos de Roselli con el director de Participadas de la SEPI, la lista de acreedores que cobrarían con el dinero público, los contratos de los préstamos puente y el rastro de 5 millones de dólares que salieron de España hacia un banco de Puerto Rico tras el rescate.

El nombre de José Luis Rodríguez Zapatero no aparece en ninguno de los documentos. Pero el material llega a la causa en la que el expresidente está investigado y toca dos cuestiones que surgieron en los interrogatorios de septiembre: qué deudas se pagaron con el rescate y qué hay detrás de los préstamos que lo precedieron.

Qué es lo que el juez manda a la UDEF.

La providencia, firmada por Calama en las Diligencias Previas 77/2024, se limita a unir los dos escritos al expediente y a dar traslado a la «Unidad Policial actuante». 

 Lo relevante es el contenido: ambos investigados aportan papeles que ofrecieron durante sus declaraciones del 7 y 8 de septiembre.

Roselli advierte de que su acceso es limitado. Según su escrito, Plus Ultra le ha negado cualquier documentación porque ya no ocupa cargo alguno en la compañía.

Lo que muestra

Roberto Roselli son

21 reportes de gestión enviados a la Comisión de Seguimiento de la SEPI (2021-2023).

Muestra la evolución de la aerolínea tras el rescate, correo de 

Roberto Roselli con José Ángel Partearroyo, director de Participadas de la SEPI (nov. 2020-abr. 2022), tramitación y seguimiento, la deuda aprobada para su pago y los préstamos previos. También, correos de Rodolfo Reyes y del banco AndCapital y los controles sobre el origen de los fondos. Correos de Roberto Roselli con Santander, Bankinter, Abanca, BBVA y CaixaBank (2020).

De Julio Martínez Sola hay un correo a Pedro Saura (29-9-2020), lista de vuelos a China, escritura de poder

El contacto con Transportes y su salida del control de la empresa.

Los correos con José Ángel Partearroyo, director de Participadas de la SEPI, arrancan el 26 de noviembre de 2020. Ese día Martínez Sola, entonces vicepresidente, le envía una carta «siguiendo conversación» con Roselli. El tono es cordial durante dos años: casi todos los mensajes del funcionario se cierran con «un abrazo».

Roselli destaca en su escrito, «en atención al interrogatorio», el intercambio del 27 de noviembre de 2020. Partearroyo pide los acreedores con «deuda relevante que puedan beneficiarse indirectamente de la potencial concesión de apoyo público temporal». Es un control de conflicto de interés. Roselli envía primero los 20 mayores proveedores por volumen de negocio; el funcionario insiste en que le interesan los que tienen deudas pendientes.

Según Roselli, esa tabla recoge a los proveedores que cobrarían de inmediato tras el primer tramo de 19 millones. Los saldos son a 31 de octubre de 2020 y la tabla no indica divisa:

Acreedor y saldo

PDVSA

4.694.926

Aerovip

1.035.487

NEAL933

893.911

European Organisation for the… (truncado en el original)

551.740

Modus Securitisation (Luxemburgo)

522.372

United Insurance Brokers

451.992

La petrolera estatal venezolana encabeza la lista. La nota de Plus Ultra explica que PDVSA suministra combustible pero «no puede cobrar» hasta resolver su situación con la OFAC, la oficina de sanciones del Tesoro de EE UU. En la relación figuran también Forum Jurídico Abogados, el despacho de Santiago Fernández Lena, secretario del consejo de la aerolínea, con 56.175, y Corporación Ultraplus, con 55.990.

El resto de la correspondencia muestra una SEPI que exige. El 9 de diciembre Partearroyo pide actualizar el plan de viabilidad con las previsiones de IATA y Eurocontrol, que el préstamo ordinario sea inferior al participativo y que se expliquen los repagos previstos a PDVSA y a los arrendadores. También cuestiona el préstamo participativo de Panacorp, que vencía en 2021.

La operación se cierra deprisa. El 17 de febrero de 2021 llega el term sheet; el 1 de marzo, la versión final de los contratos; el 2 de marzo, la certificación del Consejo Gestor; el 9, la autorización del Consejo de Ministros, y el 12 se firma. El 20 de abril la SEPI reenvía a la aerolínea una petición de información de la Comisión Europea acompañada de una queja presentada ante Bruselas.

El seguimiento posterior llega tarde. En mayo de 2021, ya cobrado el rescate, el FASEE aún no había nombrado observador en el consejo; Partearroyo se define entonces como mera «persona de contacto». La auditoría interna de la SEPI pide explicar las variaciones de las cuentas corrientes, «especialmente Venezuela». Y aunque la aerolínea enviaba reportes a la Comisión de Seguimiento desde mayo de 2021, la SEPI no anuncia su constitución formal hasta el 8 de febrero de 2022, once meses después de la firma.

Los préstamos puente: «armado de cara a SEPI»

Uno de los correos aportados como prueba de la intervención de Rodolfo Reyes data del 15 de diciembre de 2020, en plena tramitación. Fernández Lena, entonces en Forum Jurídico, escribe a Reyes: «no tenemos la info sobre la financiación puente de los USD 500k prestada a PULA». Pide identificar a los prestamistas y el rastro del dinero para tenerlo «formalizado pronto» y «armado de cara a SEPI».

Reyes, consejero de Plus Ultra, responde desde una cuenta personal de Gmail: «han sido dos préstamos de 500k$». Es decir, a mediados de diciembre los asesores de la aerolínea aún no tenían documentados unos préstamos que acabarían en la lista de deuda a pagar con el rescate.

Esa lista existe. Las páginas del contrato elevado a público que aporta Roselli incluyen un anexo titulado «Préstamos puente» con cinco operaciones, todas firmadas por Martínez Sola por parte de Plus Ultra:

Prestamistas, fecha, importe

Wailea Invest Ltd

28-10-2020

500.000 USD

Allpa Wira Trading UK Ltd

20-11-2020

500.000 USD

Panacorp Casa de Valores

04-01-2021

450.000 EUR

Valerian Corporation Ltd

29-01-2021

450.000 EUR

Valerian Corporation Ltd

26-02-2021

450.000 EUR

La novedad está en otro punto. Durante la declaración de Roselli, la fiscal le advirtió de discrepancias entre esos contratos y los que remitieron las autoridades suizas por comisión rogatoria. Ahora su defensa le da la razón: los documentos llegados de Suiza «no serían auténticos» y son «mendaces».

Según el escrito, en ellos la firma de Martínez Sola está «pegada una y otra vez», tomada de los contratos originales. Su objetivo sería «hacer ver» que Wailea y Allpa Wira invirtieron en el bono que Plus Ultra emitió en 2019, cuando solo lo hizo Valerian.

En la versión suiza del contrato de Wailea, fechada el 15 de noviembre de 2020, no hay firma por Plus Ultra y por el prestamista figura Paul Rudolf Bastin.

La defensa sostiene que se habría manipulado una copia del contrato de Valerian, cambiando fecha, empresa y firma. Dice desconocer quién lo hizo, con qué fin y qué investigaciones se siguieron en Suiza y Francia.

Los propios papeles de Roselli tienen irregularidades, que él mismo reconoce.

En el contrato de Valerian de abril de 2019 figura su nombre, pero firmó Martínez Sola «por un error interno»; en el de marzo, firma Martínez Sola con el NIE de Roselli. Además, el escrito cifra ese préstamo en 269.000 euros, mientras que el contrato y su adenda hablan de 296.000. Por Valerian firma Simon Leendert Verhoeven, con domicilio en Thônex (Suiza).

Cinco millones de dólares hacia Puerto Rico y, después, Venezuela

El segundo correo de Reyes que aporta Roselli es en realidad un hilo con AndCapital Bank, con sede en San Juan de Puerto Rico. El 27 de abril de 2021, seis semanas después de la firma del rescate, su responsable de cumplimiento pide explicaciones sobre una transferencia del 25 de marzo de 545.222,59 dólares.

Las preguntas del banco giran en torno al préstamo de Panacorp: dónde se recibieron los 450.000 euros, por qué se devuelve en dólares y por qué no se incluyen intereses ni la comisión del 2%. Plus Ultra contesta que el préstamo entró en una cuenta de Bankinter y que paga en dólares «por indicaciones de Panacorp».

El banco exige además una carta de abogado que acredite que no hay restricciones sobre el uso del dinero de la SEPI.

El 3 de mayo replica que la carta recibida se refiere al préstamo de Panacorp, «no del préstamo del SEPI». También reclama la identidad del dueño del 20% de Saudade Flavia SL, accionista de la aerolínea, del que solo constan José Domingo Castaño Solar (70%) y Hugo Castaño Vega (10%).

Plus Ultra insiste en seguir operando con AndCapital y anuncia pagos de unos 2 millones de dólares a través de esa entidad. Los movimientos bancarios que aporta Roselli muestran lo que vino después:

• 1 de septiembre de 2021: Plus Ultra envía 2 millones de dólares desde España a AndCapital.

• 14 de septiembre de 2021: envía otros 3 millones.

• 29-31 de enero de 2022: se cierra la cuenta de AndCapital; sus fondos pasan a Commonwealth, donde se constituye un depósito de 3,9 millones renovable cada tres meses y se traspasan 1,1 millones más.

• 31 de enero de 2023: los 4 millones de Commonwealth se transfieren a la cuenta de Plus Ultra en Banca Amiga, en Venezuela.

Roselli no tiene los movimientos de Banca Amiga. Asegura recordar que ese dinero pagó rentas de aviones y otros gastos operativos. Martínez Sola hace suyas esas explicaciones.

Los mismos bancos aparecen en el origen del capital. Según Roselli, la cuenta de Panacorp recibió 328.900,21 dólares en junio de 2017 para una ampliación de capital, y la de AndCapital, 1,8 millones en octubre de ese año. El resto lo habría aportado SNIP Aviation, primer accionista de la aerolínea con el 45,33% según el organigrama del expediente.

Del portazo de la banca al correo a Saura

Los correos con los bancos dibujan una compañía al límite antes del rescate.

Desde marzo de 2020 Plus Ultra busca 15 millones en créditos ICO, en tramos de 5 millones por entidad. El 11 de mayo Fernández Lena informa de que el Santander no solo no dará más financiación: su departamento de riesgos quiere «salir de nuestras posiciones».

BBVA tiene la operación «en riesgos» y los socios llegan a ofrecer a Abanca un aval por el 30% no cubierto por el Estado.

El 14 de septiembre de 2020, dos semanas después de pedir la ayuda al FASEE, la responsable de administración escribe al Santander. Dice que la compañía ha solicitado 50 millones y que, «por los contactos mantenidos», sabe que cumple el perfil y espera cobrar «en octubre a más tardar noviembre». El correo no precisa de qué contactos se trata.

El documento que aporta Martínez Sola se sitúa en esas mismas fechas. El 29 de septiembre de 2020 reenvía al entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, con copia a otros dos cargos del ministerio, el escrito que había registrado la víspera en la SEPI «a modo de recordatorio» de su solicitud del 1 de septiembre.

En la carta adjunta, fechada el 25 de septiembre, la aerolínea traslada su «extrema preocupación» por no haber tenido noticias del expediente y pide que se le dé «el impulso oportuno». El correo a Saura se cierra con un «cordial saludo» y la oferta de quedar «a su entera disposición».

Renuncia a derechos políticos

Martínez Sola añade un dato sobre el presente. Según su escrito, su colaboración con la investigación ha llevado a los representantes de la SEPI a exigirle la renuncia irrevocable a sus derechos políticos como accionista, condición para seguir cumpliendo el contrato del FASEE.

Controla el 51,10% de Plus Ultra a través de Sky Solutions. El 18 de septiembre firmó un poder irrevocable a favor de Jorge Hugo Castaño Vega y, según su defensa, ya «carece de control material alguno» en la compañía.

Roselli, por su parte, documenta su salida de dos sociedades del entorno. En febrero de 2022 formalizó ante notario su renuncia como administrador de Corpoestructura SL, domiciliada en el mismo número 19 de la calle Padilla de Madrid que Forum Jurídico; la carta notarial volvió sin abrir. Y en octubre de 2021 SNIP Aviation, tras su dimisión como secretario del consejo, nombró administradores solidarios a Rodolfo José Reyes Rojas y Raif el Arigie Harbie.

Zapatero y el 1% del rescate

Calama investiga a Zapatero desde mayo por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental. El juez lo sitúa al frente de una red que habría cobrado por influir en el rescate de 53 millones aprobado en marzo de 2021 (Onda Vasca).

El eje es Análisis Relevante, la consultora de su socio y amigo Julio Martínez Martínez. Según el auto de imputación, firmó con Plus Ultra un contrato con una remuneración del 1% más IVA de la ayuda, 641.300 euros.

El 7 y 8 de septiembre, Martínez Sola y Roselli declararon que ese 1% estaba destinado al «grupo Zapatero», aunque no supieron concretar qué gestiones hizo el expresidente. Roselli añadió que nunca habló con él. Zapatero siempre ha negado haber intermediado.

El correo a Saura reabre una puerta que el juez cerró en junio. La acusación popular que encabeza el PP pidió entonces citar al ex secretario de Estado como testigo y Calama lo rechazó.

Ahora la UDEF tendrá sobre la mesa el contacto directo de la aerolínea con Transportes, los audios de Martínez Martínez y la tesis, que ya comparte la defensa de Roselli, de que parte de los contratos llegados de Suiza son falsos.