El desahucio de Maricarmen conmociona a España y pone el drama de la vivienda en el centro del debate

La expulsión de una mujer de 87 años de la casa en la que vivió durante 71 años provoca movilizaciones en 12 ciudades y enfrenta a Gobierno, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento por la falta de alternativas habitacionales

Maricarmen, de 87 años, pasó su primera noche fuera del piso en el que había vivido durante 71 años ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y en un delicado estado de salud. La anciana fue desalojada únicamente con una sábana y en camilla, sin poder recoger sus pertenencias. La imagen provocó una fuerte reacción social y situó de nuevo el problema de la vivienda en el centro del debate político.

La indignación se trasladó rápidamente a las calles. Miles de personas participaron en movilizaciones celebradas en 12 ciudades, y en Madrid unas 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno, acudieron a una concentración convocada por el Sindicato de Inquilinas frente al polémico ático adquirido por la Comunidad de Madrid. La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, reclamó que el caso sirva para mostrar una realidad que considera «vergonzosa»: los desahucios de personas «sin alternativa habitacional».

El caso de Maricarmen no es aislado. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, durante el primer trimestre de 2026 se produjeron 4.005 desahucios, de los que el 65% estuvieron relacionados con el impago del alquiler. El portavoz del Sindicato de Inquilinas, Fernando de los Santos, denunció que se producen alrededor de 80 expulsiones diarias y resumió la situación como «80 maricarmen al día que tienen que abandonar su hogar». La cifra, además, no incluye a quienes abandonan sus viviendas tras recibir un burofax sin que llegue a ejecutarse judicialmente el desalojo.

Tensión política

La situación ha provocado un cruce de acusaciones entre las distintas administraciones y partidos. De los Santos aseguró que los desahucios no son «una inevitabilidad natural» y reclamó responsabilidades a los gobiernos implicados. El Sindicato de Inquilinas también ha señalado al propietario del inmueble, Urbagestión, por rechazar distintas propuestas para evitar el desalojo, entre ellas la compra del piso o el pago del alquiler. La abogada de Maricarmen afirmó que la empresa «no ha querido negociar absolutamente nada».

El desahucio también ha reabierto la disputa política sobre las medidas para contener los precios y proteger a los inquilinos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó el caso de «tragedia social» y anunció un nuevo decreto sobre los alquileres. Sumar, socio del Ejecutivo, reclamó que la medida llegue al Consejo de Ministros y planteó además la expropiación de la vivienda. Desde la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso responsabilizó al Gobierno central y afirmó que el desalojo forma parte de los miles de procedimientos que se ejecutan anualmente en España.

Mientras continúa el enfrentamiento político, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pidió a las administraciones adoptar «medidas urgentes para evitar los desahucios de personas vulnerables». En su opinión, el caso de Maricarmen evidencia «deficiencias, incluso legales» que deben corregirse y exige que las administraciones ofrezcan soluciones inmediatas ante situaciones similares. Para Gabilondo, la expulsión de la anciana se ha convertido en una «referencia simbólica de lo que nunca ha de suceder».