El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha ratificado este lunes ante el juez que la aerolínea pagó el 1% del rescate público que recibió en plena pandemia. Ese dinero, según reconoció como investigado, sirvió para retribuir la supuesta mediación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Martínez Sola no precisó, sin embargo, en qué consistieron exactamente esas gestiones.
Así lo trasladó en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El magistrado instruye el conocido como caso Plus Ultra. En él investiga a Zapatero como presunto cabecilla de una trama de tráfico de influencias vinculada al rescate de 53 millones que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la aerolínea en 2021.
Según explicó el propio Martínez Sola, la compañía decidió abonar unos 530.000 euros al empresario Julio Martínez Martínez, considerado socio del expresidente socialista. La aerolínea atravesaba entonces una situación límite y dio por hecho que ese pago resultaba imprescindible para que Zapatero intermediara ante el Gobierno.
El exdirectivo reconoció, no obstante, que nunca siguieron de cerca las gestiones que pudiera haber realizado el expresidente. Aseguró que lo único que realmente les importaba en aquel momento era conseguir el rescate. Por eso, dijo, no comprobaron después en qué se había traducido esa supuesta mediación.
Esta declaración llega semanas después de que Martínez Sola y el exconsejero delegado Roberto Roselli, ambos investigados en la causa, remitieran sendos escritos al juzgado. Lo hicieron el pasado julio, horas antes de renunciar a sus cargos en la aerolínea. En esos textos ya admitían haber pagado grandes sumas de dinero por la mediación atribuida a Zapatero.
En esos escritos, los exdirectivos reconocieron ser plenamente conscientes de que tanto Martínez Martínez como Zapatero pretendían cobrar por sus gestiones. Afirmaron haber asumido esa exigencia como un mal necesario para intentar salvar la compañía. Añadieron que desconocían qué acuerdos internos existían entre ambos.
La policía lo califica como mordida en un informe policial remitido al juzgado, dentro de una conversación intervenida entre Roselli y el empresario venezolano Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea.
Los propios escritos de las defensas describen el pago como una decisión desesperada, adoptada porque Plus Ultra no veía otra vía para lograr el rescate de la SEPI. Los exdirectivos sostienen que jamás tuvieron pruebas de las acciones concretas que se llevaron a cabo para influir en esa concesión.
El reparto del dinero se realizó entre 2020 y 2025. Del total de 530.000 euros, 249.000 fueron a parar a la empresa Análisis Relevante. Otros 98.617 euros se ingresaron en Voli Analítica y 110.799 euros más en Domotic Europe, todas ellas sociedades vinculadas a Julio Martínez.
Parte de ese dinero no se pagó en efectivo. Martínez aceptó finalmente que 69.000 euros del total se abonaran en especie, mediante billetes de clase business que la aerolínea puso a su disposición desde 2021. Para justificar los pagos se emitieron unas cuarenta facturas, de entre 6.050 y 7.250 euros cada una, bajo el concepto de honorarios por informes mensuales que, según los propios escritos, nunca llegaron a elaborarse con contenido real.