Lea aquí el escrito de 50 folios de Begoña pidiendo su absolución y reclamando 32 testigos para su juicio

El documento niega las tesis de la acusación popular y de la actora civil y sostiene que los hechos relatados «no son constitutivos de delito alguno»

María Begoña Gómez Fernández, esposa de Pedro Sánchez, ha presentado ante el Tribunal de Instancia (Sección de Instrucción, Plaza 41) su escrito de conclusiones provisionales en el marco ldel juicio del Tribunal del Jurado al que tiene que someterse por cuatro graves delitos.

El escrito, fechado el 4 de septiembre de 2026, niega las tesis de la acusación popular y de la actora civil y sostiene que los hechos relatados «no son constitutivos de delito alguno» y solicita la libre absolución «con todos los pronunciamientos favorables», además de la imposición de costas a las partes acusadoras por «temeraria actuación procesal» (artículo 240.3º LECrim).

Para el juicio oral, la defensa propone la práctica de un total de 32 medios de prueba personales: 28 testigos —entre ellos el exrector de la UCM Joaquín Goyache, el extitular del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales Juan Carlos Doadrio, representantes de Reale Seguros, Fundación La Caixa, Google, Telefónica, Deloitte, Devoteam y Making Science, la coordinadora de la Cátedra Blanca de Juan, la propia asistente de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, y dos agentes de la UCO de la Guardia Civil— y 4 peritos, entre ellos un catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, un especialista en Derecho Financiero y Tributario, un catedrático de Derecho Administrativo y un ingeniero en sistemas encargado de analizar la plataforma tecnológica.

A ello se suma una diligencia complementaria específica: la testifical del codirector académico de la Cátedra, José Manuel Ruano de la Fuente, cuya declaración la defensa considera «imprescindible» frente a lo que califica de «afirmaciones apodícticas» de la acusación popular.

Qué sostiene la defensa

El grueso del escrito reconstruye, con abundante remisión documental, la trayectoria profesional y académica de Begoña Gómez —desde su etapa en Inmark Europa hasta su vinculación con la Universidad Complutense de Madrid (UCM)— y el origen de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, creada en octubre de 2020 mediante convenio con Reale Seguros y Fundación La Caixa.

La tesis central es que la creación de la Cátedra siguió el procedimiento reglamentario ordinario, que Begoña Gómez ejerció su dirección de forma gratuita durante cuatro años, que no ejerció presión ni influencia sobre el rector ni el vicerrector de la UCM, y que la plataforma tecnológica de medición de impacto social desarrollada en el marco de la Cátedra fue en todo momento propiedad de la universidad, sin que Begoña Gómez se apropiara de ella ni obtuviera beneficio económico alguno.

Sobre el registro del dominio «transformatsc.org» a su nombre, la defensa sostiene que se trató de una actuación «funcional y provisional», realizada por indicación de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) de la UCM ante la falta de un cauce operativo para el registro directo por parte de la universidad, y con el único fin de evitar que terceros se apropiaran del dominio.

Respecto a la asistencia personal de Cristina Álvarez, el escrito defiende que sus funciones de apoyo a la esposa del presidente del Gobierno son las habituales desde el inicio de la democracia y que su colaboración puntual con la Cátedra no supuso desatención de sus obligaciones, señalando que trabajó por encima de su jornada anual convenida en todos los ejercicios revisados.

La defensa también niega que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial, alegando que los gastos de desarrollo de la plataforma se financiaron íntegramente con las aportaciones de las entidades colaboradoras y que la universidad llegó a percibir 17.600 euros en concepto de gestión y mantiene un remanente de 29.685,11 euros de la Cátedra.

Lo que reclaman la acusación popular y la actora civil

El escrito de conclusiones se presenta en respuesta a las posiciones ya fijadas por las dos partes acusadoras. La acusación popular, ejercida de forma unificada por HazteOír.org, formuló su propio escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral ante el Tribunal del Jurado por un presunto delito de tráfico de influencias y dos de malversación, pidiendo hasta 10 años de prisión para Begoña Gómez y 6 años para Cristina Álvarez como presunta cooperadora necesaria en la malversación relativa al desarrollo del software.

Por su parte, la Universidad Complutense de Madrid, personada como actora civil, reclama en su propio escrito de conclusiones una indemnización de 113.509,32 euros a cargo de Begoña Gómez —y, en su caso, de Cristina Álvarez— además de la restitución a la universidad de la plataform tecnológica desarrollada por la Cátedra.

El escrito de la defensa incluye además varios otrosí procesales: solicita que se filtren las diligencias que la acusación popular pretende remitir al Jurado como «no reproducibles» —advirtiendo de que en su mayoría no lo son—, pide la transcripción de más de 40 declaraciones sumariales para su eventual uso en el plenario, y aporta 30 anexos documentales, entre ellos correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp con antiguos responsables de la UCM y capturas de publicaciones en redes sociales de la Cátedra.