Ester Muñoz vincula el respaldo del Gobierno a Marruecos con el espionaje a los móviles de Sánchez, Robles y Marlaska

La portavoz del PP acusa al Ejecutivo de no querer saber cuántos migrantes siguen en Ceuta un mes después de la entrada masiva del 30 de julio

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha relacionado hoy el respaldo constante del Gobierno a la actuación de Marruecos en la crisis de Ceuta con la información que el país vecino podría haber obtenido tras el hackeo a los móviles de Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska.

¿Subordinado a Marruecos por el hackeo?

Muñoz se preguntó hasta qué punto el Ejecutivo está condicionado por Marruecos y si eso guarda relación con la información obtenida en el hackeo a los teléfonos del Gobierno.

La portavoz calificó de insulto a la inteligencia de los españoles el empeño del Ejecutivo en exculpar a Marruecos por la entrada de 80.000 personas en Ceuta. Insistió en que nadie cree que esa cifra de personas se organizara espontáneamente a través de redes sociales para cruzar la frontera.

Según explicó, esa es precisamente la pregunta que el PP traslada al Gobierno. La formuló después de que el ministro del Interior volviera a elogiar hoy mismo la colaboración marroquí en la gestión de la crisis migratoria.

Un mes sin saber cuántos migrantes quedan en Ceuta

Marlaska había señalado antes que unos 5.000 marroquíes permanecen todavía en la ciudad autónoma. Muñoz respondió que el Gobierno, un mes después de la entrada masiva, sigue sin conocer la cifra exacta.

A su juicio, esa falta de datos no se debe a la falta de medios, sino a la falta de voluntad. Recordó que el Ejecutivo cuenta con todas las herramientas necesarias para tener ese dato y no las ha usado.

La dirigente ‘popular’ acusó además al Gobierno de intentar construir un relato que, según dijo, no convence a nadie. Denunció que el Ejecutivo ha llegado a calificar a los ceutíes de «radicales y nazis» en lugar de hacer autocrítica sobre su gestión.

Por eso, consideró comprensible que los habitantes de Ceuta se sientan abandonados, después de que su ciudad, según sus palabras, haya sido «tomada».

Vacaciones, culpables y un Estado ausente

Muñoz también respondió al ministro de Industria, Arcadi Espina, que había acusado al PP de gamberrismo institucional. Para ella, el verdadero gamberrismo institucional consiste en tener todas las capacidades del Estado y marcharse de vacaciones sin resolver el problema.

Denunció que, ahora que ha terminado el periodo vacacional, el Ejecutivo señala a todo el mundo como responsable. Explicó que, en una sociedad, los ciudadanos aceptan que el uso de la fuerza y la justicia correspondan al Estado.

Ese acuerdo tácito, argumentó, es lo que evita que la gente se tome la justicia por su mano o recurra a la violencia para defenderse. Advirtió de que Ceuta lleva años sintiendo que el Estado no está presente, y responsabilizó al Gobierno de esa ausencia por no haber ejercido sus funciones.

Tres informes desde 2021 que avisaban del riesgo

La portavoz enmarcó el respaldo de Moncloa a Marlaska, pese a la versión de Margarita Robles sobre un aviso previo del CNI, dentro de un intento del Gobierno de eludir responsabilidades.

Aseguró que todos los españoles saben que el Ejecutivo disponía de esa información con antelación. Recordó que, desde 2021, existen tres informes que advertían de un posible episodio como el ocurrido el 30 de julio en Ceuta.

Según Muñoz, Pedro Sánchez había prometido evitar que se repitiera algo similar a la anterior llegada masiva de menores a la ciudad, para lo que anunció un plan estratégico de seguridad para Ceuta y Melilla. Cinco años después, lamentó, ese plan sigue sin materializarse.

Comunidades y Bruselas piden el retorno de los menores

Preguntada por la posibilidad, planteada por la ministra de Infancia, Sira Rego, de que la mayoría de los menores no puedan ser devueltos a Marruecos, Muñoz recordó que el interés superior del menor es estar junto a sus padres o en su país de origen.

Señaló que la petición de retorno no parte solo de comunidades gobernadas por el PP, sino también de Castilla-La Mancha, Cataluña, el País Vasco y las instituciones europeas en Bruselas.

Reclamó aplicar los convenios vigentes entre España y Marruecos y destinar más medios para agilizar unos trámites que deben tramitarse de forma individual. Apuntó, además, que si Marruecos realmente coopera de forma fiable, deberían aplicarse también los convenios de forma recíproca.